La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) se encuentra sumergida en una profunda incertidumbre jurídica. Lo que debería haber sido una transición democrática tras el reciente proceso electoral, se ha trasladado a los tribunales de justicia. Una Acción de Protección interpuesta por la Lista «O» (Opción Politécnica) busca dejar sin efecto la calificación y, por ende, el triunfo de la Lista «A» (Frente Amplio Politécnico), alegando irregularidades graves en el cumplimiento de requisitos de una de sus candidatas principales.
El origen del conflicto: Un certificado de inglés bajo sospecha El punto crítico de esta disputa legal se centra en la candidatura al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Lista «A». Según la denuncia presentada por los representantes de la Lista «O», la candidata de dicha dignidad habría presentado un certificado de suficiencia en el idioma inglés nivel B2 emitido por una institución privada en la ciudad de Ibarra.
La controversia radica en que, de acuerdo con el reglamento interno de carrera y escalafón de la ESPOCH, los requisitos para estos cargos son extremadamente rigurosos. La normativa exigiría certificaciones internacionales de alto prestigio y validez comprobada, tales como el TOEFL o IELTS, documentos que garantizan un estándar académico global. La Lista «O» sostiene que el certificado presentado no cumple con estas exigencias técnicas y legales, lo que debió inhabilitar la candidatura desde un inicio.
Del Tribunal Electoral a la Justicia Ordinaria La pugna no es nueva en los pasillos politécnicos. Previo a las votaciones, la Lista «O» ya había impugnado esta candidatura ante el Tribunal Electoral Institucional. Sin embargo, dicho organismo desestimó los reclamos, calificó a la Lista «A» y permitió su participación en los comicios, donde finalmente resultaron ganadores en las urnas.
Ante lo que consideran una omisión por parte de las autoridades electorales internas, la Opción Politécnica decidió judicializar el proceso. El argumento es contundente: si un candidato no cumple con los requisitos mínimos de ley, su participación vicia de nulidad todo el proceso electoral, sin importar el resultado del conteo de votos.
La fecha que paraliza a la Politécnica La resolución de este conflicto que mantiene en vilo a miles de estudiantes y docentes ya tiene una cita definitiva. La audiencia judicial ha sido programada para el próximo 15 de mayo a las 09:00. En esta diligencia, un juez constitucional determinará si existió una vulneración de derechos y si la calificación de la candidata de la Lista «A» fue legal o si, por el contrario, se debe proceder con la anulación de los resultados y la convocatoria a nuevas acciones.
