El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó de manera oficial el 1 de junio de 2026 la solicitud de juicio político interpuesta en contra de Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía de la República del Ecuador. Esta trascendental e institucional resolución fue impulsada formalmente por legisladores pertenecientes a la bancada de la Revolución Ciudadana. Tras la validación de la mesa directiva, el trámite continuará de manera inmediata su curso legal en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Dicha mesa legislativa tendrá la alta responsabilidad de receptar, analizar minuciosamente el expediente y determinar el curso correspondiente de la fiscalización dentro de los plazos estrictamente establecidos por la normativa legal vigente. Este proceso avanza en las esferas del poder en un contexto de álgido debate legislativo nacional, donde también se revisan temas de alta trascendencia para el país, tales como la renuncia confirmada de Inés Manzano para priorizar a su familia y la propuesta de la Ley antimafias que plantea reformas estructurales en la Asamblea para enfrentar decididamente al crimen organizado en el Ecuador.
Los detalles del proceso legislativo sobre la solicitud de juicio político contra Inés Manzano determinan que la acción fiscalizadora fue impulsada y sustentada de forma directa por los asambleístas Blasco Luna y Lenin Barreto. Los legisladores proponentes argumentan en su acusación una presunta responsabilidad política por parte de la exfuncionaria, así como un supuesto e injustificado incumplimiento de funciones específicas relacionadas de forma directa con los procesos de contratación de los proyectos de generación eléctrica denominados Salitral y Quevedo.
El pedido formal de interpelación civil y política fue presentado originalmente en la secretaría del parlamento el pasado 27 de mayo de 2026 y pasó a ser revisado exhaustivamente por los miembros del CAL durante una sesión de carácter extraordinario efectuada la noche del lunes 1 de junio de 2026. Tras verificar de forma rigurosa el cumplimiento absoluto de cada uno de los requisitos formales exigidos por la ley, el organismo administrativo resolvió calificar unánimemente la solicitud y remitirla formalmente a la instancia legislativa competente para el inicio de la etapa de investigación.
Con la calificación formal del trámite, la Comisión de Fiscalización iniciará de inmediato la revisión de todo el proceso. Una vez que reciba oficialmente la documentación física y digital, la comisión especializada dispondrá, de acuerdo con la ley orgánica de la función legislativa, de un plazo perentorio de cinco días contados a partir de la notificación oficial para conocer el expediente entero y resolver de manera motivada sobre el procedimiento procedimental que seguirá este juicio.
El contenido del expediente acusatorio consta exactamente de 52 páginas de documentación técnica, legal y administrativa debidamente foliada. Estos folios detallan de manera cronológica los antecedentes de la declaratoria de emergencia del sector eléctrico nacional y recopilan cada una de las acciones institucionales adoptadas por las autoridades competentes para incorporar generación de energía emergente al golpeado sistema eléctrico ecuatoriano.
Los antecedentes del proceso se remontan, según la documentación oficial presentada por los legisladores Luna y Barreto, al 16 de abril de 2024. En aquella fecha histórica para el sector público, el entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque, suscribió un acuerdo ministerial vinculante que declaró formalmente el estado de emergencia del sector eléctrico nacional. Este instrumento jurídico dispuso de forma obligatoria que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) ejecutara con carácter de urgencia todas las acciones necesarias para la adquisición, suministro, construcción y puesta en funcionamiento de los sistemas de interconexión destinados exclusivamente a incorporar generación adicional emergente al sistema nacional interconectado. Las graves acusaciones planteadas en este nuevo pedido de juicio político se centran con total precisión en las decisiones de gestión y administración que se relacionaron directamente con los referidos proyectos de generación eléctrica Salitral y Quevedo, infraestructuras consideradas pilares dentro de las medidas excepcionales implementadas durante la crisis energética nacional.
En las próximas etapas legislativas que restan por ejecutarse, la Comisión de Fiscalización deberá determinar fehacientemente si el proceso cumple con los elementos jurídicos y de sustento necesarios para dar continuidad al procedimiento legislativo previsto ordinariamente para los juicios políticos de censura. Una vez que concluya de manera definitiva esta fase inicial de evaluación de pruebas de cargo, la comisión parlamentaria emitirá las resoluciones correspondientes y los informes pertinentes conforme a las plenas facultades establecidas a su favor por la Asamblea Nacional. El avance definitivo de este trámite marca el inicio formal de una nueva e intensa fase de control político en el país en torno a la gestión realizada por la exfuncionaria Inés Manzano, ocurriendo esto dentro de un panorama mucho más amplio de revisión legislativa sobre las polémicas decisiones adoptadas durante la emergencia eléctrica nacional.
