El Consejo de la Judicatura (CJ) ha iniciado procesos administrativos contra 31 funcionarios y exfuncionarios en Guayas, tras detectar irregularidades en el archivo indebido de 202 expedientes disciplinarios. Esta intervención forma parte de una estrategia nacional para erradicar anomalías en el sistema judicial, después de los escándalos revelados en los casos Metástasis y Purga .
La Fiscalía ecuatoriana develó redes de corrupción en el sistema de justicia a través de los casos Metástasis y Purga . En respuesta, el CJ implementó una estrategia nacional para identificar posibles anomalías en procesos disciplinarios. Los primeros resultados se dieron en la provincia del Guayas, donde se abrieron sumarios administrativos a 31 personas vinculadas al archivo indebido de 202 expedientes disciplinarios entre 2020 y 2024.
De un total de 480 expedientes analizados, se encontraron inconsistencias graves en 202 casos, en los que no se cumplieron los procedimientos legales establecidos. Entre los sumariados figuran 23 funcionarios que sustanciaron y resolvieron los expedientes, así como ocho exdirectores provinciales del CJ en Guayas. Este último grupo incluye a exfuncionarias procesadas en el caso Purga , como Mercedes Villarreal.
El rol de Mercedes Villarreal:
Mercedes Villarreal, exdirectora de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del CJ en Guayas, es una de las figuras clave en este proceso. Actualmente detenida en España en espera de extradición por su implicación en el caso Purga , Villarreal está acusada de haber archivado expedientes disciplinarios contra jueces investigados por errores inexcusables, pese a la existencia de declaraciones jurisdiccionales previas que confirmaban dichas faltas.
En uno de los casos más emblemáticos, Villarreal dispuso el archivo de expedientes contra tres jueces del Tribunal de Garantías Penales del Guayas, a pesar de que ya habían sido declarados culpables de errores inexcusables. En otro caso, ratificó la inocencia de un servidor judicial, ignorando pruebas de negligencia manifiesta.
La declaración jurisdiccional previa es una herramienta clave para determinar si se han violado derechos constitucionales o normas legales. Sin embargo, según la Judicatura, esta figura fue ignorada sistemáticamente por los funcionarios involucrados.
Faltas disciplinarias detectadas:
Las 31 personas observadas habrían incurrido en faltas disciplinarias graves y leves tipificadas en los artículos 107 y 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entre las irregularidades destacan:
- Falta de motivación en las resoluciones.
- Notificaciones tardías o inexistentes.
- Incumplimiento de plazos procesales.
- Criterios subjetivos sin sustento legal.
- Expedientes archivados sin cumplir procedimientos esenciales ni justificación suficiente.
Declaraciones del presidente del CJ:
Durante su visita a Guayaquil el 20 de marzo de 2025, Mario Godoy, presidente del CJ, explicó que la intervención busca tomar correctivos y sancionar responsabilidades, pero no perseguir a los servidores. “El objetivo es garantizar transparencia y fortalecer la independencia judicial”, afirmó.
Godoy también anunció que la intervención se extenderá a otras provincias, incluidas Loja, Manabí y varias de la Amazonía. En Guayas, el proceso incluyó cinco visitas realizadas entre enero y febrero de 2025.
Destituciones adicionales:
Además de Villarreal, otros directores provinciales fueron destituidos por irregularidades similares. Entre ellos están:
- Luis Pérez (Tungurahua): Archivó un expediente sin elaborar un informe motivado.
- Claudia Sánchez (El Oro): Ratificó la inocencia de un fiscal pese a pruebas de negligencia.
- Marcelo Villegas (Manabí): Ignoró principios básicos de debido proceso al archivar un expediente disciplinario.
Todos ellos fueron separados definitivamente de la Función Judicial por vulnerar principios de independencia judicial y transparencia.
La intervención en Guayas marca el inicio de un proceso nacional para depurar el sistema judicial. Con la destitución de funcionarios corruptos y la implementación de medidas de control, el CJ busca restaurar la confianza pública en una institución clave para la democracia ecuatoriana.
