El alcalde de Riobamba, John Vinueza, anunció una moratoria de cinco años para la entrega de nuevos cupos de taxis urbanos y rurales, mediante una resolución municipal que, según dijo, busca «ordenar el transporte» y responder a un estudio técnico. La medida se da en medio de una investigación fiscal por presunta asociación ilícita relacionada con la asignación de permisos para taxis rurales en el cantón.
La decisión municipal
La Resolución N° GADMR-ALC-2024-0112-R, firmada este martes, suspende hasta octubre de 2029 la creación de nuevas cooperativas y la entrega de cupos adicionales. El municipio asegura que la medida se basa en un informe de la Dirección de Movilidad, que recomienda mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda del servicio.
Sin embargo, el anuncio coincide con la investigación en su contra por un presunto esquema de cobros irregulares para la asignación de permisos de transporte rural. Vinueza negó cualquier vinculación entre la resolución y el caso penal, afirmando:
«Esta moratoria no tiene nada que ver con una investigación. Es una decisión técnica que se venía trabajando desde antes. Si alguien quiere revisar documentos, aquí están: las impresoras del municipio están listas para entregar toda la información».
Las declaraciones del alcalde frente a la investigación
En una extensa intervención, Vinueza se refirió a los señalamientos en su contra y cuestionó el momento en que se desarrolla la investigación:
- Sobre los cupos rurales: Aclaró que el municipio no tiene competencia en la autorización de vehículos de carga mixta (como camionetas rurales), ya que eso corresponde a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
- Sobre la investigación: Cuestionó la rapidez con que se citó a una audiencia relacionada con el caso, sugiriendo motivaciones políticas: «¿No podían esperar dos días después de los desfiles? ¿Qué se busca con esto?».
- Transparencia: Ofreció abrir los archivos municipales y dijo que ya se han solicitado exámenes especiales por parte de la Contraloría.
El alcalde cerró su intervención desafiando a sus críticos: «Si tienen pruebas, preséntenlas. Aquí no hay nada que esconder».
El caso Altares, iniciado en 2023 tras una denuncia ciudadana, investiga una presunta red de corrupción centrada en la asignación irregular de 220 cupos para taxis rurales, con cobros de hasta USD 10.000 por beneficiario. La Fiscalía, liderada por Mayra Moreno, vinculó a Vinueza y Fuentes el 20 de abril de 2025 por presunta asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho, imponiendo medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país.
