La decisión de un juez de liberar a dos sospechosos implicados en el secuestro de una comerciante de nacionalidad china en Guayaquil, pese a las solicitudes de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, ha generado controversia y reacciones institucionales este viernes, 6 de junio de 2025 . El caso ha puesto en evidencia tensiones entre los organismos judiciales y de seguridad en Ecuador.
El fiscal Rómulo Sevilla solicitó medidas cautelares para los dos detenidos: prisión preventiva para Jhorly P. (alias Cocacho) y prohibición de salida del país para Byron M. (alias Pinky) . Sin embargo, el juez Juan Pablo Pulgarín decidió no acoger la solicitud de prisión preventiva para Jhorly P. , argumentando que el implicado no contaba con antecedentes penales. Ambos sospechosos fueron liberados bajo la condición de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura respaldó la decisión del juez, señalando que actuó conforme al derecho y basándose en los elementos presentados por la Fiscalía durante la audiencia de flagrancia realizada el 31 de mayo . En ese momento, la víctima aún seguía reportada como desaparecida, lo que limitó la posibilidad de modificar el tipo penal a «secuestro con resultado de muerte», dado que el cuerpo de la comerciante fue hallado posteriormente junto con otros tres cuerpos en una cisterna en Guayaquil.
#COMUNICADO | Sobre la información relacionada con la actuación de un fiscal, en torno a un caso de secuestro extorsivo, #FiscalíaEc aclara a la opinión pública. ⬇️
La Fiscalía aclaró que, de haberse conocido el fallecimiento de la víctima antes de la audiencia, el tipo penal podría haber cambiado, permitiendo una solicitud más contundente de prisión preventiva. No obstante, el organismo destacó que ha dispuesto un control jurídico sobre la actuación fiscal en este caso para garantizar transparencia en el proceso.
Este hecho provocó la indignación del comandante de la Policía en la Zona 8, Víctor Ordóñez , quien hizo un llamado a los organismos judiciales para que contribuyan más activamente en la lucha contra la delincuencia. Ordóñez enfatizó que decisiones como esta debilitan los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para enfrentar a las organizaciones criminales.
El caso ha generado preocupación pública, especialmente debido al aumento alarmante de secuestros extorsivos en zonas costeras de Ecuador, donde grupos como Los Tiguerones Igualitos han sido señalados como responsables de estos crímenes. La liberación de los sospechosos ha sido interpretada por algunos sectores como una muestra de las debilidades del sistema judicial frente a la creciente ola de violencia.
El comandante de la Zona 8, visiblemente afectado, estuvo a punto de romper en llanto al exigir justicia: “No podemos permitir que estos criminales salgan libres una vez más.
Este caso refleja las tensiones entre los organismos de seguridad y justicia en Ecuador, así como la necesidad de fortalecer el marco legal para abordar crímenes graves como el secuestro extorsivo. Mientras tanto, la población exige respuestas claras y acciones más efectivas para garantizar que los responsables de estos delitos enfrenten consecuencias severas.
