Una funcionaria del Municipio de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, fue sometida a un escarmiento público por parte de una comunidad indígena que la acusa de haber estafado a más de 50 personas con promesas falsas de empleo. El hecho ocurrió el 1 de julio de 2025 y generó polémica sobre la aplicación de la justicia comunitaria frente al sistema institucional.
El pasado viernes 1 de julio de 2025, Paulina M. , funcionaria del Municipio de Latacunga adscrita al área de servicios públicos del camal municipal, fue retenida por un grupo de ciudadanos pertenecientes al Movimiento Indígena de Cotopaxi (MICC) . La mujer fue obligada a caminar descalza, con las manos amarradas y escoltada por decenas de personas, como parte de lo que ellos denominaron un «escarmiento comunitario».
La acusan de haber ofrecido puestos laborales en el Cabildo a cambio de dinero, cobrando entre USD 3.000 y USD 13.000 por plaza. Según el MICC, más de 50 personas habrían sido víctimas de esta supuesta estafa, con un perjuicio total cercano a los USD 100.000 .
El caso se hizo público luego de que Paulina fuera sorprendida recibiendo dinero de una nueva presunta víctima. Las autoridades comunales decidieron entonces tomar cartas en el asunto y proceder con el castigo simbólico antes de entregarla a las instituciones judiciales competentes.
El Municipio de Latacunga confirmó que la implicada trabaja en la institución desde 2004 , pero negó cualquier vinculación con el departamento de Talento Humano: “No tiene ningún acceso ni participación en procesos de contratación”, indicó un portavoz oficial.
Aunque se han iniciado cuatro procesos administrativos internos , tanto el alcalde como un concejal ya presentaron denuncias formales ante las autoridades competentes.
Por su parte, el Movimiento Indígena de Cotopaxi emitió un comunicado condenando la acción y exigiendo celeridad judicial. Además, llamó a la población a no caer en ofertas laborales fraudulentas que aprovechan la necesidad de trabajo de muchas familias ecuatorianas.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites entre la justicia indígena y el sistema legal institucional , así como la vulnerabilidad de las personas en busca de empleo frente a esquemas de corrupción o engaño dentro de entidades públicas.
