La asambleísta Patricia Núñez, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), rompió el silencio tras el escándalo desatado por la propuesta de Santiago Díaz Asque, ahora expulsado debido a la acusación por presunta violación a una niña, la propuesta buscaba reducir la edad de consentimiento sexual a 14 años en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Núñez asegura que ella y otros nueve legisladores fueron engañados por Díaz, quien presentó la reforma como un endurecimiento de penas por femicidio, mientras el país sigue conmocionado por la denuncia de violación contra el exasambleísta.
El movimiento Revolución Ciudadana enfrenta una de sus peores crisis tras la polémica generada por un proyecto de ley presentado el 3 de julio de 2025 por Santiago Díaz Asque, quien propuso modificar el COIP para permitir el consentimiento sexual a partir de los 14 años en ciertos casos, citando un fallo de la Corte Constitucional de 2021. La propuesta, que ingresó con el respaldo de 10 asambleístas de RC, incluído Patricia Núñez, Cristina Jácome, Franklin Samaniego, Roque Ordóñez, Arisdely Parrales, Diego Salas, Juan Pablo Molina, Nanki Lauro Saant, Eustaquio Tuala y Ledy Zúñiga, desató indignación cuando, días después, Díaz fue denunciado por la presunta violación de una niña de 12 años en Quito.
Patricia Núñez, asambleísta por Chimborazo, aseguró en una entrevista reciente que ella y sus colegas fueron engañados por Díaz, quien les presentó el proyecto como una reforma para endurecer las penas por femicidio. “Firmamos apoyando el tema de femicidio, no sabíamos que se incluyó lo del consentimiento a los 14 años”, explicó Núñez, visiblemente indignada. Según ella, cuando los firmantes descubrieron la verdadera naturaleza de la propuesta, exigieron retirar sus apoyos. Cuatro legisladores—Jácome, Samaniego, Ordóñez y Molina—ya han retirado sus firmas, argumentando que no respaldan disposiciones que vulneren los derechos de menores.
El timing de la propuesta no pudo ser peor: el 7 de julio, el padre de una menor de 12 años denunció a Díaz por presunta violación, lo que llevó a su expulsión inmediata de RC el 8 de julio y a una investigación de la Fiscalía, que incluyó tres allanamientos en Quito el 9 de julio para recabar indicios como documentos y dispositivos electrónicos. Actualmente, Díaz está prófugo, con una recompensa de USD 100,000 ofrecida por el Gobierno para localizarlo, según anunció el ministro del Interior, John Reimberg, el 13 de julio.
Núñez defendió su postura, aclarando que el fallo de la Corte Constitucional de 2021 permite relaciones consensuadas entre adolescentes en ciertos casos, pero enfatizó que ella y sus colegas nunca apoyarían una reforma que ponga en riesgo a menores. “Siempre estaremos del lado de las víctimas”, afirmó, respaldando el debido proceso para Díaz, pero exigiendo que enfrente la justicia si se comprueba el delito, que podría acarrear una pena de 19 a 22 años de prisión. Organizaciones como Red Infancia Libre y Ni Una Menos Ecuador han exigido archivar la propuesta y sancionar políticamente a los firmantes, mientras la asambleísta Mónica Palacios, también de RC, calificó la iniciativa como “terrible” y pidió investigarla en la Comisión de Protección a Niñez y Adolescencia.
La propuesta de Díaz, que aún no ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), enfrenta un rechazo generalizado. La primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), prometió pedir al CAL que la archive, argumentando que no permitirá “intereses personales” que afecten a menores. Mientras tanto, la salida de Díaz y las críticas internas, como las de la asambleísta Jhajaira Urresta, quien renunció a la bancada debido a problemas con la presidenta de RC Luisa González.
El escándalo de Santiago Díaz ha puesto a Revolución Ciudadana en el ojo del huracán, cuestionando su cohesión interna y credibilidad. La percepción de un “engaño” en la reforma al COIP, sumada a la grave denuncia contra Díaz, ha generado un rechazo masivo en la sociedad ecuatoriana. Mientras la Fiscalía avanza en la investigación y la Asamblea decide el destino de la propuesta, este caso destaca los desafíos éticos y políticos que enfrenta el correísmo en un contexto de creciente escrutinio público. ¿Podrá RC superar esta crisis y limpiar su imagen? El debate está abierto, y el país espera respuestas claras.
