Galo Farinango, padre de la asambleísta Nathaly Farinango del movimiento ADN, presentó su renuncia como asesor legislativo tras el escándalo por contrataciones de familiares de asambleístas. Su salida se dio luego de que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ordenara la desvinculación de 40 servidores con nexos familiares en la institución.
La contratación de Galo Farinango fue realizada el 16 de mayo, dos días después de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, con el cargo de Asesor 1 y un salario mensual de USD 3.014. Su vinculación se mantuvo durante casi dos meses, tiempo en el cual fue asesor del asambleísta Luis Jácome, también perteneciente al movimiento ADN y presunto compañero sentimental de Nathaly Farinango.
La polémica estalló cuando se dio a conocer el caso de Dominique Serrano, asambleísta del mismo movimiento, cuya familia también fue contratada en la Asamblea. Este escándalo generó una ola de críticas y presiones, lo que finalmente llevó a Galo Farinango a presentar su renuncia el pasado 7 de julio, según consta en su declaración juramentada patrimonial ante la Contraloría General del Estado.
Este hecho se enmarca dentro de la medida anunciada por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien ordenó la desvinculación de al menos 40 servidores que mantenían relación de parentesco con asambleístas. Sin embargo, Olsen no dio a conocer los nombres ni los datos de los funcionarios desvinculados ni los legisladores para los que trabajaban, una decisión que fue cuestionada por varias bancadas políticas.
Alfredo Serrano, representante del Partido Social Cristiano (PSC), señaló que la información no debería ser reservada, ya que afecta la transparencia institucional. Por su parte, Blasco Luna de Revolución Ciudadana (RC) calificó la lista presentada como “una burla para los ecuatorianos”.
El caso de Galo Farinango pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el nepotismo en la Asamblea Nacional. Mientras algunos sectores piden mayor transparencia, otros critican la falta de claridad en los procesos de contratación y la persistencia de prácticas que ponen en duda la ética y profesionalismo en el trabajo legislativo.
