La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron 12 allanamientos en Pichincha, Guayas y Bolívar el 28 de julio de 2025, en el marco del Caso Apagón, que investiga presunto peculado en contratos de generación eléctrica durante la crisis energética de 2024. Entre los objetivos estuvo el domicilio de Fabián Calero, exgerente de Celec, mientras el sector empresarial reporta graves pérdidas por los apagones.
En la madrugada del 28 de julio de 2025, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, llevó a cabo 12 allanamientos en las provincias de Pichincha, Guayas y Bolívar como parte del Caso Apagón, una investigación por presunto peculado relacionado con contratos de proyectos de generación eléctrica, incluyendo los de las empresas ATM y Progen. Los operativos, anunciados en la cuenta de X de la Fiscalía (@FiscaliaEcuador), se enfocaron en domicilios y oficinas vinculados a los sospechosos, entre ellos la casa de Fabián Calero, exgerente general subrogante y representante legal de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) entre abril y octubre de 2024, y exviceministro de Energía hasta su salida reciente del gobierno. Durante los allanamientos, se incautaron celulares, computadoras, documentos y dispositivos de almacenamiento.
En Quito, las autoridades intervinieron la central térmica Guangopolo-Termopichincha, donde laborarían los investigados Gabriela Alexandra T. C., Holger Santiago J. S. y Marvin Bryan R. Z. La acción busca esclarecer irregularidades en contratos suscritos durante la crisis energética que afectó a Ecuador entre septiembre y diciembre de 2024, cuando el país enfrentó apagones de hasta 14 horas diarias debido al estiaje y la falta de capacidad de las hidroeléctricas, como Mazar, Paute-Molino y Sopladora. Según el Observatorio de PYMES de la Universidad Andina Simón Bolívar, un estudio con 563 gerentes, propietarios y directores reveló que el 38% de las pequeñas y medianas empresas sufrió dificultades severas por los cortes, el 49% reportó un impacto moderado y el 13% lo percibió como ligero, afectando gravemente a la mitad del sector empresarial.
La investigación se remonta a una denuncia presentada el 23 de julio de 2025 por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien fue ministro encargado de Energía entre abril y junio de 2024. Luque informó en X (@RobertoLuqueE) sobre una investigación previa de la Fiscalía por procesos de contratación de Celec durante la emergencia eléctrica, declarada en abril de 2024 tras la suspensión de exportaciones de energía desde Colombia y el colapso del embalse de Mazar. La crisis, agravada por la falta de mantenimiento y decisiones “inexplicables” según Luque, llevó a la contratación de tres barcazas termoeléctricas de la empresa turca Karpowership por USD 250 millones, operativas desde septiembre de 2024, aunque expertos como Hugo Arcos, de la Escuela Politécnica Nacional, cuestionan su eficacia sin infraestructura adecuada.
Calero, quien dejó el gobierno tras señalamientos por irregularidades en contratos, es uno de los principales investigados. La Fiscalía no ha revelado más nombres, pero los allanamientos incluyeron centrales termoeléctricas y oficinas de Celec. La crisis energética, que comenzó en abril de 2024 y se intensificó en septiembre con cortes nocturnos de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., fue atribuida inicialmente al estiaje, pero expertos como Verónica Íñiguez, citada por El País, cuestionan la narrativa oficial, señalando que 2023 tuvo peores niveles de precipitación y que los datos satelitales no respaldan la afirmación de la “peor sequía en 61 años”. La falta de inversión en mantenimiento y la obsolescencia de infraestructura, como la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que cerró 18 veces en 2024 por sedimentos, agravaron el déficit de hasta 30 GWh diarios, según Alfredo Mena, de la Corporación para la Investigación Energética.
El Caso Apagón también revive acusaciones de sabotaje. En abril de 2024, el presidente Daniel Noboa denunció a 22 funcionarios, incluyendo a la exministra Andrea Arrobo, por presunta paralización de un servicio público, alegando ocultamiento de información sobre el déficit energético. Sin embargo, la narrativa del sabotaje ha perdido fuerza, y la atención se centra ahora en posibles sobreprecios y contrataciones irregulares, como las denunciadas por el exasambleísta Fernando Alvear Campodónico en 2023 contra el exgerente de Celec, Gonzalo Uquillas, por la compra de generadores y una barcaza a fuel oil.
El Caso Apagón pone en evidencia las fallas estructurales del sector eléctrico ecuatoriano, marcadas por años de desinversión, corrupción y decisiones cuestionables que dejaron al país a oscuras en 2024. Los allanamientos del 28 de julio representan un paso hacia la transparencia, pero también reflejan la magnitud del desafío para recuperar la confianza en instituciones como Celec. Mientras la Fiscalía avanza en los 90 días de instrucción fiscal, el impacto económico en las PYMES y la incertidumbre sobre la generación eléctrica
