El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el envío de un nuevo proyecto de ley económica urgente a la Asamblea Nacional el 28 de julio de 2025, con el objetivo de regular el financiamiento de fundaciones y frenar actividades ilícitas como la minería ilegal y la desestabilización del Estado.
En una entrevista con Radio Sucre, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, detalló el cuarto proyecto de ley económica urgente de su administración, denominado Ley de Fundaciones. La propuesta, presentada el 28 de julio de 2025, busca establecer controles rigurosos sobre el financiamiento y funcionamiento de organizaciones sin fines de lucro, algunas de las cuales, según Noboa, operan como fachadas para actividades ilícitas. “Se usan fundaciones y ONGs internacionales para ingresar dinero sin control, fomentando la criminalidad y la minería ilegal”, afirmó el presidente, destacando que estas prácticas también buscan desestabilizar al país.
La Ley de Fundaciones plantea medidas para garantizar la transparencia financiera, obligando a estas organizaciones a justificar el origen de sus fondos. Noboa enfatizó que las fundaciones que realizan un trabajo legítimo no enfrentarán problemas, pero aquellas vinculadas a actividades ilegales, como el lavado de dinero o el narcoterrorismo, serán fiscalizadas. Entre las disposiciones, se propone que los fondos ilícitos sean transferidos a una cuenta temporal del Banco Central hasta que se resuelvan procesos judiciales, como la extinción de dominio, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos.
Dato de referencia: Ecuador enfrenta una creciente crisis de seguridad, con un aumento del 40% en homicidios en los primeros 50 días de 2025, según reportes internacionales, lo que refuerza la urgencia de medidas como esta ley para combatir el crimen organizado.
La iniciativa, enviada en la tarde del 28 de julio, se suma a tres proyectos previos aprobados por la Asamblea: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Áreas Protegidas. Sin embargo, estas leyes han generado controversia, acumulando 10 demandas de inconstitucionalidad por temas como la afectación a derechos laborales y la falta de transparencia en gastos reservados.
Noboa anticipó críticas de “los grupos de siempre” pero defendió la urgencia de la ley, no solo por su impacto económico sino también por su rol en la seguridad nacional. Además, durante la entrevista, anunció otras medidas, como la apertura de inscripciones para el programa Jóvenes en Acción el 5 de agosto, ofreciendo pasantías pagadas a 80.000 jóvenes, una iniciativa que contrasta con los recientes despidos de 5.000 funcionarios públicos, incluidos trabajadores del IESS, que han desatado protestas en Guayaquil.
La Ley de Fundaciones representa un nuevo esfuerzo de Noboa por abordar problemas estructurales de seguridad y economía, pero su éxito dependerá de su capacidad para equilibrar el control estatal con el respeto a los derechos de las organizaciones legítimas. Mientras la Asamblea tiene 30 días para revisar la propuesta, el debate sobre su impacto en la sociedad civil y la lucha contra el crimen promete intensificarse.
