El Pleno de la Asamblea Nacional exhortó este martes 29 de julio de 2025 al asambleísta Joseph Santiago Díaz Asque, acusado de la presunta violación de una menor de 12 años, a presentar su renuncia voluntaria. La medida fue aprobada en la resolución “Por la Dignidad Institucional y la Ética Parlamentaria”, presentada por la asambleísta Mishel Mancheno (ADN), con el respaldo de 146 legisladores presentes.
La resolución, aprobada por amplia mayoría, expresa un “enérgico rechazo” ante los hechos denunciados contra Díaz, quien actualmente cumple prisión preventiva tras entregarse a la justicia. Si bien se reafirma el principio de presunción de inocencia, el texto destaca que los hechos han generado una “seria conmoción social” y afectan gravemente la imagen institucional de la Función Legislativa.
El exlegislador de Revolución Ciudadana (RC), ya expulsado de su bancada, solicitó licencia sin sueldo el 8 de julio, poco después de que Fiscalía iniciara el caso. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) denegó dicha solicitud, lo que derivó en su separación de funciones y su posterior captura.
El exhorto parlamentario busca garantizar la transparencia del proceso penal, facilitar las investigaciones y proteger la credibilidad del Parlamento ante la ciudadanía. Además, los asambleístas instaron a las autoridades judiciales a actuar con celeridad, imparcialidad y enfoque de derechos humanos, priorizando la protección de la presunta víctima y el debido proceso.
Durante el debate, Mishel Mancheno enfatizó que la decisión “no es partidista, sino ética”, mientras que Blasco Luna (RC) subrayó que “la fiscalización debe ser para todos por igual”. Por su parte, Paola Jaramillo (ADN) fue contundente: “Nadie está por encima de la ley. No vamos a permitir la impunidad, venga de donde venga”.
Andrés Castillo (ADN) aprovechó la ocasión para criticar lo que calificó como “doble moral” en sectores políticos que hoy reclaman justicia, pero en el pasado amnistiaron a responsables de delitos sexuales.
En reemplazo de Díaz, asumió la asambleísta Annie Muñoz. Mientras avanza el proceso judicial, el caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad ética de los funcionarios públicos y los mecanismos para garantizar la integridad en las instituciones del Estado.
