Christian Troya, asesor del CPCCS y excolaborador del actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy, ahora lo evalúa en un polémico concurso
Quito, Ecuador – Un entramado de relaciones personales y laborales levanta serias dudas sobre la transparencia en el proceso de selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) en Ecuador, un cargo crucial para la administración de justicia. En el centro de la controversia se encuentra Christian Troya Macías, asesor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y, al mismo tiempo, excolaborador del actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy, a quien ahora debe evaluar para una posible reelección.
El proceso para elegir a los cinco vocales del CJ, iniciado el 16 de diciembre de 2024 por el CPCCS, ha estado marcado por suspensiones y movimientos estratégicos. Las ternas de candidatos provienen de la Presidencia, Asamblea Nacional, Fiscalía, Defensoría Pública y la Corte Nacional de Justicia (CNJ), de donde debe surgir el presidente de la Judicatura.
Christian Troya: Un Asesor con Conflictos de Interés
La figura de Christian Troya emerge como un punto neurálgico en esta trama. Contratado el 28 de marzo de 2025 como asesor de la consejera del CPCCS, Johanna Verdezoto, Troya fue designado 19 días después como representante de Verdezoto en la Comisión Técnica encargada de la selección de los vocales de la Judicatura.
Lo más preocupante es que, desde el 18 de julio de 2024, apenas dos días después de la posesión de Mario Godoy como presidente de la Judicatura, se tramitó la contratación de Troya como subdirector de Comunicación de dicho organismo. Aunque no hay registros de que la contratación se haya formalizado en Contraloría, PRIMICIAS confirmó que el Consejo de la Judicatura dirigió a este medio con Troya para coordinar una entrevista con Godoy en julio de 2024.
Ahora, Christian Troya, como miembro de la Comisión Técnica del CPCCS, tendrá la responsabilidad de valorar la carpeta de Mario Godoy y determinar si sus méritos lo hacen el mejor candidato para ser ratificado como presidente de la Judicatura, a pesar de la evidente relación laboral previa. Ni Troya ni Godoy han respondido a las consultas de PRIMICIAS sobre este posible conflicto de interés.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, declaró desconocer este posible conflicto, aunque defendió que la designación de los miembros de la Comisión recae en cada consejero.
La Red de Conexiones Políticas y Familiares
La controversia se profundiza con una red de conexiones que vinculan a figuras clave en el proceso:
- Johanna Verdezoto, la consejera del CPCCS que nombró a Troya, es pareja sentimental de Javier Bósquez, fiscal y hermano de Henry Bósquez.
- Henry Bósquez, asambleísta, fue clave en la anulación de la terna original de la Asamblea Nacional para el CJ (de mayoría correísta y socialcristiana) y mocionó una nueva terna con los votos de la actual mayoría de ADN, el movimiento político del presidente Daniel Noboa. Bósquez fue reelecto por ADN en los comicios de 2025, tras haber renunciado a la bancada de la Revolución Ciudadana en abril de 2024.
- Fernando Illanes, abogado que alertó al CPCCS sobre una inhabilidad de Edison Toro, uno de los integrantes originales de la terna de la Corte Nacional. Tras esta alerta, la Corte designó a Mario Godoy como reemplazo, provocando la renuncia del juez Marco Rodríguez, quien expresó reparos sobre la transparencia.
- Fausto Jarrín, exabogado personal de Rafael Correa y exasambleísta del correísmo, ahora asesor externo del Gobierno de Daniel Noboa, mantiene una estrecha amistad con Mario Godoy y su esposa, Dolores Vintimilla.
- Sandino Jarrín, hermano de Fausto, ingresó a trabajar en la Judicatura presidida por Godoy en noviembre de 2024 y fue ascendido a supervisor en febrero de 2025.
- Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, tuvo a Javier Bósquez (pareja de la consejera Verdezoto) como secretario en su lista cuando fue candidata a la Presidencia del Colegio de Abogados de Pichincha en mayo de 2023.
Este intrincado tejido de relaciones genera un ambiente de preocupación sobre la independencia y la objetividad en un proceso tan vital para la institucionalidad del país. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones que garanticen una elección transparente de las autoridades judiciales.
