La tarde del 7 de agosto de 2025, cerca de 1.500 personas marcharon en Quito desde la Caja del Seguro del IESS hasta la Corte Constitucional, en una movilización pacífica convocada por más de 30 organizaciones sociales, sindicales y gremiales para respaldar la decisión del alto tribunal de suspender 17 artículos de tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. La manifestación también tuvo como objetivo rechazar la contramarcha convocada por el presidente Daniel Noboa para el 12 de agosto.
La movilización, encabezada por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación Médica Ecuatoriana, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la CEOSL, fue un respaldo explícito a la independencia de la Corte Constitucional, que ha sido objeto de críticas por parte del Ejecutivo tras admitir más de 30 demandas de inconstitucionalidad contra las leyes de Inteligencia, Solidaridad y de Integridad Pública.
Durante el acto, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, criticó el anuncio del presidente Noboa de liderar una marcha oficialista, calificándola de intento de presión política. “Esta marcha es una señal de que la Corte no debe someterse al poder de turno ni dejarse amedrentar por amenazas de contramarchas o consultas populares. No es posible que el presidente gaste más de USD 60 millones en una consulta mientras en hospitales no hay insumos ni textos escolares en las escuelas”, afirmó.
Quishpe también advirtió sobre la grave crisis social y económica que atraviesa el país y anunció que el 16 de agosto se realizará una Convención Nacional de Trabajadores y Organizaciones Sociales en Quito, con el fin de articular una respuesta unitaria a las políticas gubernamentales.
Desde la CEOSL, Marcela Arellano denunció un “enfoque empresarial del Gobierno Nacional” y sentenció: “El Estado no es una empresa”. Por su parte, Edwin Bedoya, presidente del FUT, advirtió que si la Corte retrocede en su decisión de suspender los artículos cuestionados, las organizaciones podrían escalar sus acciones a instancias internacionales.
La marcha transcurrió sin incidentes, aunque con un fuerte operativo de seguridad: cerca de 180 policías resguardaron la sede de la Corte Constitucional. Las organizaciones anunciaron que el 12 de agosto, día de la contramarcha convocada por el Ejecutivo, evaluarán nuevas acciones para defender el rol autónomo del poder judicial.
Este pulso entre el Ejecutivo y los sectores sociales, mediado por la Corte Constitucional, refleja una profunda tensión institucional en Ecuador. Mientras el Gobierno busca avanzar en su agenda legislativa, los movimientos sociales exigen respeto a los mecanismos de control constitucional, en un contexto de creciente descontento por despidos masivos y políticas económicas.
