La noche del miércoles 13 de agosto de 2025, José Javier Vera Flores, alias Romario, uno de los líderes del grupo delictivo Sao Box, fue asesinado en una urbanización de Machala, provincia de El Oro. El crimen, perpetrado con un fusil tras una persecución, ha reactivado la alerta por la escalada de violencia entre bandas criminales en la zona fronteriza.
Vera Flores fue atacado a tiros cuando se desplazaba por una zona residencial. Tras la emboscada, su cuerpo fue hallado tendido en un matorral, en lo que las autoridades consideran un ajuste de cuentas entre estructuras rivales. Minutos después del homicidio, una patrulla de la Policía Nacional interceptó a los sospechosos mientras intentaban huir del lugar.
Entre los detenidos se encuentra Michael Isaac J. R., alias Yoker, a quien el ministro del Interior, John Reimberg, identificó como el autor material del asesinato. Lo que ha generado polémica es que Yoker ya había sido capturado el 16 de abril de 2025 por su vinculación con actos de narcotráfico y violencia, pero fue liberado el mismo día bajo medidas sustitutivas.
Reimberg atribuyó esta liberación a una resolución de la Corte Constitucional vigente desde enero de 2025, que prohíbe la aplicación automática de prisión preventiva para reincidentes, incluso en casos de alta peligrosidad. Este marco legal ha sido ampliamente cuestionado por autoridades y ciudadanos como un factor que facilita la reincidencia delictiva.
En respuesta al crimen, la Policía Nacional lanzó el operativo Apolo 6 este jueves 14 de agosto en varios cantones de El Oro, con el objetivo de desarticular células de Sao Box y Los Lobos. El operativo dejó un saldo de 13 detenciones en flagrancia y 2 capturas con orden judicial, además del allanamiento de viviendas y la incautación de armas y drogas.
El asesinato de Romario evidencia la intensificación de la guerra entre bandas en El Oro, una de las provincias más afectadas por el crimen organizado. Mientras las autoridades refuerzan los operativos, el caso de Yoker ha reabierto el debate sobre la necesidad de revisar las políticas de justicia penal para garantizar la seguridad ciudadana sin vulnerar derechos, pero sin permitir que la impunidad se convierta en un arma del crimen.
