El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó el jueves 21 de agosto de 2025 a J.D.P.A., juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y es procesado por delincuencia organizada en el marco del caso Purga. La medida se tomó tras confirmarse que emitió un fallo irregular que benefició al exasambleísta Pablo Muentes, condenado en marzo de 2025 a 13 años y cuatro meses de prisión por liderar una red de corrupción judicial en Guayas.
Según la resolución del CJ, el magistrado ordenó la extinción de una obligación financiera que Muentes mantenía en el sistema bancario, una decisión que carecía de sustento legal. El organismo detalló que, previo a la sentencia, el juez y el exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) intercambiaron llamadas y mensajes de texto para coordinar el fallo. Además, el juez no reportó a sus superiores que había recibido ofrecimientos de dinero y favores a cambio de decisiones judiciales.
El CJ señaló que al favorecer a un miembro de una organización delictiva, el magistrado vulneró los principios de imparcialidad y probidad que exige su cargo, socavando la confianza en la función judicial.
¿Quién es Pablo Muentes?
La Fiscalía identificó a Muentes como líder de la red de corrupción en el caso Purga, junto con la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. La Corte Nacional de Justicia determinó que ambos orquestaron un plan estructurado para manipular el sistema judicial en beneficio propio y de terceros.
Uno de los objetivos centrales de Muentes fue eliminar deudas millonarias con el Banco del Pacífico, logrando declaraciones de inexistencia con apoyo de jueces afines. La investigación reveló nexos políticos y personales que amplificaron su influencia, incluyendo el financiamiento de campañas judiciales y la manipulación en nombramientos de magistrados.
Como parte de su sentencia, Muentes, Gallardo y otros exfuncionarios fueron condenados no solo a prisión, sino también al pago de multas, pérdida de derechos políticos por 20 años y decomiso de bienes.
