La Ley de Transparencia Social, antes conocida como «Ley de Fundaciones», entró en vigor este 28 de agosto de 2025, tras ser publicada en el Registro Oficial. Aprobada por la Asamblea Nacional, la normativa establece un nuevo marco para regular a las organizaciones sociales sin fines de lucro en el país, con el objetivo de promover la transparencia y prevenir actividades ilícitas como el lavado de activos y la financiación de delitos.
La nueva ley introduce un enfoque basado en riesgos, clasificando a las organizaciones en niveles (bajo, medio o alto) según el origen de sus fondos, su alcance y su historial. Esta clasificación determinará sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, control financiero y transparencia. La supervisión de estas entidades estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Además, el Ministerio de Gobierno administrará un Sistema Unificado de Información digital, donde todas las organizaciones deberán registrarse para poder operar legalmente.
Medidas clave y fortalecimiento del control
La ley exige a todas las organizaciones sin fines de lucro una serie de medidas rigurosas, entre ellas:
- Rendir cuentas periódicamente sobre ingresos, egresos, donantes y proyectos.
- Garantizar la trazabilidad y el uso legítimo de sus recursos.
- Implementar sistemas de integridad y códigos de ética.
- Identificar a sus donantes y beneficiarios.
Las organizaciones con mayor nivel de riesgo deberán designar a un responsable de cumplimiento institucional, mientras que las de menor riesgo tendrán mecanismos simplificados.
En un movimiento estratégico, la ley fortalece el rol de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La UAFE ahora estará adscrita al Sistema Nacional de Inteligencia y tendrá nuevas facultades, como la realización de análisis financieros a servidores públicos salientes y sus familiares para detectar posibles enriquecimientos injustificados. También se le otorga la potestad de inmovilizar temporalmente fondos en el sistema financiero cuando existan indicios graves de operaciones sospechosas, lo que refuerza su papel en la lucha contra el crimen organizado.
Próximos pasos y garantías
El Ejecutivo tiene un plazo de 60 días para emitir el Reglamento General de la ley, mientras que las organizaciones ya existentes tendrán hasta 180 días para registrarse en el nuevo Sistema Unificado. El incumplimiento de este registro resultará en la suspensión de actividades. La normativa subraya que las medidas de control no deben ser usadas para la persecución política y que cualquier proceso de sanción debe respetar el debido proceso.
