La mañana del lunes 1 de septiembre de 2025, el concejal Celso Rodríguez descubrió un escenario alarmante al llegar a su despacho en el Municipio de Riobamba: una pared derribada, la oficina desmantelada y documentos oficiales extraviados. Este incidente, que Rodríguez calificó como un “atentado contra la institucionalidad municipal”, ha desatado cuestionamientos sobre la seguridad interna y la transparencia en la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba.
Rodríguez, representante de la circunscripción rural y conocido por sus posturas críticas hacia la administración del alcalde John Vinueza, anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía para esclarecer los hechos. “No se trata solo de un ataque a mi trabajo, sino a la institucionalidad que representamos. Es inaceptable que dentro del municipio ocurra algo así sin que nadie lo detecte”, afirmó el concejal. La desaparición de documentos oficiales y el daño estructural en su oficina generan sospechas sobre las motivaciones detrás del acto, que podría estar vinculado a las tensiones políticas que han marcado el Concejo Municipal en los últimos meses.
Un Contexto de Tensión Política El incidente ocurre en un momento de alta conflictividad en el Municipio de Riobamba. En enero de 2025, siete concejales, incluido Rodríguez, enfrentaron un proceso de remoción impulsado por una ciudadana, mientras que el alcalde Vinueza también fue objeto de un intento de destitución por irregularidades en la donación de un terreno (web:2, web:10). Además, el allanamiento del municipio por parte de la Fiscalía el 30 de enero de 2025, en una investigación por presunta asociación ilícita, ha intensificado las fricciones internas (web:6). La pregunta que surge es si este acto de vandalismo fue un robo común o una acción deliberada para intimidar o desalojar al concejal.
Llamado a la Transparencia Rodríguez exigió una investigación exhaustiva para determinar cómo fue posible que desconocidos ingresaran al edificio municipal, destruyeran una pared y retiraran equipos sin ser detectados. La falta de registros de seguridad y la aparente ausencia de controles internos han generado preocupación entre los ciudadanos y otros ediles. Este hecho se suma a las críticas sobre la gestión municipal, que enfrenta cuestionamientos por despidos, baja ejecución presupuestaria y conflictos internos (web:0). La Fiscalía será la encargada de esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si existen responsabilidades dentro de la institución.
