Un joven de 17 años ha sido sentenciado a seis años de internamiento institucional tras ser encontrado culpable del homicidio de su compañero de estudios, un trágico suceso ocurrido el 26 de mayo en el exterior de una institución educativa en Atacames, provincia de Esmeraldas. La Fiscalía de Ecuador informó este 2 de septiembre sobre la resolución judicial, que también incluye una reparación económica y medidas de protección para la familia de la víctima.
El altercado, que escaló rápidamente a un fatal desenlace, se inició cuando ambos estudiantes se disponían a ingresar a su colegio. Según el reporte de la Fiscalía, una riña entre los adolescentes culminó cuando el ahora sentenciado agredió a su par con un arma blanca, dejándolo gravemente herido en el lugar. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, la víctima, de quien no se ha revelado su identidad, logró trasladarse por sus propios medios a un centro médico local antes de ser derivado al Hospital Delfina Torres de Concha, donde finalmente falleció el 12 de junio.
Durante la audiencia de juicio, la fiscal de la Unidad Especializada en Justicia Juvenil presentó un sólido cuerpo de pruebas, incluyendo el informe del lugar de los hechos, el testimonio del médico perito de la Fiscalía y el informe forense. Como resultado del proceso, el juez dictaminó el internamiento institucional del adolescente, una figura legal distinta a la prisión, diseñada para menores de edad con el objetivo de aplicar medidas socioeducativas que busquen su reinserción en la sociedad. Adicionalmente, se ordenó el pago de USD 8.000 a la familia de la víctima por concepto de reparación integral, y se establecieron medidas de seguridad y protección para sus allegados.
Este caso se suma a una preocupante serie de incidentes criminales que involucran a menores de edad en Ecuador. Datos recientes señalan un incremento en el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos delictivos, a menudo bajo presión o promesas económicas, lo que ha llevado a una mayor participación juvenil en actos violentos. La decisión judicial se hizo pública apenas un día después de que iniciara el nuevo ciclo escolar en las regiones Sierra y Amazonía, en un contexto donde el plan de seguridad «Nos Cuidamos» busca reforzar la protección de las comunidades educativas en todo el país.
