En una nueva y crucial audiencia del caso Magnicidio FV, la fiscal Ana Hidalgo expuso un elemento clave para vincular al exministro del Interior, José Serrano, con el seguimiento a Fernando Villavicencio: la presunta colaboración de más de diez agentes de policía. La revelación, que ha sido confirmada por las hijas del excandidato presidencial, Tamia y Amanda Villavicencio, sugiere una red de vigilancia que operó en la sombra para seguir los movimientos de su padre.
Según Tamia Villavicencio, la familia ya tenía conocimiento de esta información desde hace días, lo que respalda la línea de investigación de la Fiscalía. Aunque no se han revelado los nombres ni rangos de los policías involucrados, la magnitud de la presunta red de colaboradores genera serias interrogantes sobre la estructura y los alcances de la vigilancia ilegal.
Por su parte, José Serrano ha rechazado categóricamente las acusaciones. El exministro califica la vinculación como una «narrativa penal falsa» y una «operación política» dirigida a destruirlo moral y políticamente. En sus declaraciones, Serrano insiste en que él y su familia son víctimas de una «persecución sistemática» orquestada por las mismas mafias que, según él, combatió durante su gestión.
Medidas cautelares y avances en el proceso
La audiencia de formulación de cargos también arrojó resultados significativos para otros implicados. La jueza dictó prisión preventiva para Daniel Salcedo y Ronny Aleaga, a quienes se les prohíbe acercarse a la familia Villavicencio. Las hermanas calificaron esta decisión como una «primera victoria», al ver que sus demandas de celeridad, rigurosidad y valentía en el proceso están siendo atendidas.
Según la Fiscalía, Daniel Salcedo habría colaborado con el fallecido narcotraficante Leandro Norero en el seguimiento a Villavicencio. En el caso de Ronny Aleaga, exasambleísta y prófugo en Venezuela, la jueza ordenó la emisión de una notificación roja a la Interpol para su localización y captura.
La familia Villavicencio ha reiterado su compromiso de llevar el caso a las «últimas instancias nacionales e internacionales» para garantizar que se establezca la verdad, se identifique a los responsables y se siente un precedente que evite la repetición de este tipo de crímenes en el futuro.En una nueva y crucial audiencia del caso Magnicidio FV, la fiscal Ana Hidalgo expuso un elemento clave para vincular al exministro del Interior, José Serrano, con el seguimiento a Fernando Villavicencio: la presunta colaboración de más de diez agentes de policía. La revelación, que ha sido confirmada por las hijas del excandidato presidencial, Tamia y Amanda Villavicencio, sugiere una red de vigilancia que operó en la sombra para seguir los movimientos de su padre.
Según Tamia Villavicencio, la familia ya tenía conocimiento de esta información desde hace días, lo que respalda la línea de investigación de la Fiscalía. Aunque no se han revelado los nombres ni rangos de los policías involucrados, la magnitud de la presunta red de colaboradores genera serias interrogantes sobre la estructura y los alcances de la vigilancia ilegal.
Por su parte, José Serrano ha rechazado categóricamente las acusaciones. El exministro califica la vinculación como una «narrativa penal falsa» y una «operación política» dirigida a destruirlo moral y políticamente. En sus declaraciones, Serrano insiste en que él y su familia son víctimas de una «persecución sistemática» orquestada por las mismas mafias que, según él, combatió durante su gestión.
Medidas cautelares y avances en el proceso
La audiencia de formulación de cargos también arrojó resultados significativos para otros implicados. La jueza dictó prisión preventiva para Daniel Salcedo y Ronny Aleaga, a quienes se les prohíbe acercarse a la familia Villavicencio. Las hermanas calificaron esta decisión como una «primera victoria», al ver que sus demandas de celeridad, rigurosidad y valentía en el proceso están siendo atendidas.
Según la Fiscalía, Daniel Salcedo habría colaborado con el fallecido narcotraficante Leandro Norero en el seguimiento a Villavicencio. En el caso de Ronny Aleaga, exasambleísta y prófugo en Venezuela, la jueza ordenó la emisión de una notificación roja a la Interpol para su localización y captura.
La familia Villavicencio ha reiterado su compromiso de llevar el caso a las «últimas instancias nacionales e internacionales» para garantizar que se establezca la verdad, se identifique a los responsables y se siente un precedente que evite la repetición de este tipo de crímenes en el futuro.
