La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado el 18 de septiembre de 2025 recordando los derechos constitucionales a la manifestación pacífica, pero advirtiendo que el paro nacional «inmediato e indefinido» convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) no ampara delitos como sabotaje o terrorismo. La declaración responde a las movilizaciones anunciadas contra la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas del Gobierno de Daniel Noboa, que las organizaciones indígenas consideran un golpe a la economía familiar.
El artículo 66, numeral 13, de la Constitución protege la libertad de asociación, reunión y manifestación voluntaria, según el mensaje difundido en X por la FGE. Sin embargo, estos derechos no cubren conductas que vulneren bienes jurídicos penales tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), como sabotaje, terrorismo, paralización de servicios públicos, destrucción de instalaciones básicas, ataque y resistencia, o incitación a la discordia. «La FGE actuará con firmeza para garantizar una respuesta oportuna y eficaz frente a la posible comisión de estos delitos», enfatiza el comunicado.
La Fiscalía también se comprometió a investigar vulneraciones de derechos por parte de instituciones de control, asegurando que sus acciones se ajusten a la ley y los derechos humanos. Esta postura se da en un contexto de creciente tensión social, donde la Conaie y el MICC exigen la derogatoria del Decreto 126, que elevó el precio del diésel a USD 2.80, argumentando que encarece el transporte y alimentos. Las movilizaciones podrían incluir bloqueos de vías, similares a las de 2019 y 2022, que paralizaron el país por días (dato de referencia: reportes históricos de protestas indígenas).
El Gobierno, por su parte, mantiene el monitoreo de la situación, mientras la FGE busca equilibrar la libertad de expresión con la prevención de delitos, en un Ecuador que enfrenta una pobreza del 28% y un aumento de homicidios (dato de referencia: INEC). La ciudadanía es instada a manifestarse pacíficamente, evitando acciones que escalen a delitos penales.
