El cuarto día del paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se ha visto marcado por una intensificación de las protestas en varias ciudades de la Sierra, con marchas en Ibarra y enfrentamientos en Cuenca. Las movilizaciones han puesto nuevamente en el centro de la atención la situación de los detenidos, mientras el Gobierno de Daniel Noboa busca mitigar los efectos del descontento social con la entrega de bonos.
En Ibarra, capital de Imbabura, la mañana de este jueves amaneció con una movilización del Pueblo Kichwa Karanki, que marchó hacia el centro de la ciudad. «Imbabura está en resistencia», coreaban los manifestantes, quienes exigieron la liberación de los detenidos durante las jornadas de protesta. Su marcha llegó hasta la Fiscalía y la Corte de Justicia, y las consignas reiteraban: «No somos terroristas, somos comuneros», en respuesta directa a las acusaciones del presidente Noboa. La movilización causó el cierre de locales comerciales y la escasez de combustible en algunas gasolineras por el bloqueo de vías.
Mientras la protesta se desarrollaba en el norte, en Cuenca se registraron disturbios. Un enfrentamiento entre manifestantes y policías se produjo frente a la Gobernación del Azuay, donde videos compartidos en redes sociales muestran a uniformados repeliendo la concentración y a un agente pateando a un joven, un hecho que ya ha generado polémica.
Por su parte, el Gobierno mantiene su postura y ha respondido a las movilizaciones con la entrega de bonos y un claro mensaje a los manifestantes. En Ambato, el presidente Daniel Noboa presentó el «Bono Semilla» y aseguró que quienes «bloquean calles, quienes destruyen los bienes públicos y privados… deben entender que la justicia los alcanzará y los espera la cárcel».
La tensión también escaló en el ámbito judicial. Dirigentes de organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) denunciaron que han sido notificados por la Fiscalía por una investigación previa en su contra. Los líderes sociales tildaron esta acción como una «persecución política» para «intimidar y frenar la organización social».
En un comunicado reciente, la Conaie ha denunciado el presunto traslado de los detenidos a cárceles de Esmeraldas y Portoviejo, responsabilizando al Gobierno por «criminalizar la protesta social» y por la integridad de los manifestantes, citando el grave riesgo que supone el sistema penitenciario.
