Un proceso judicial de gran relevancia en la lucha contra la ciberdelincuencia en Ecuador concluyó con la sentencia de 31 personas. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este lunes 27 de octubre de 2025 que los implicados en el caso conocido como el “call center de la extorsión” cumplirán penas de prisión que varían entre 12 y 18 meses, tras admitir su participación en el delito de asociación ilícita.
Los sentenciados operaban desde una oficina en el norte de Quito que fue allanada por la Policía Nacional el 25 de junio. En el operativo, las autoridades incautaron una vasta cantidad de equipos: computadoras, cientos de teléfonos celulares y chips, todos utilizados para una sofisticada red de extorsión.
La banda utilizaba los equipos y aplicaciones como Pegasus y Rimbill para enviar mensajes extorsivos tanto a ciudadanos en Ecuador como en el extranjero. Su modus operandi se iniciaba con ofertas fraudulentas de créditos ilegales difundidas en redes sociales. Las víctimas, al buscar el financiamiento, entregaban su información personal, la cual se convertía en el arma de los delincuentes.
Si las víctimas se negaban a pagar los intereses desorbitados, eran amenazadas con la difusión de montajes sexuales creados con su información personal, constituyendo una violación flagrante a la intimidad.
La Fiscalía reveló el músculo financiero de la organización: el contador de la empresa declaró que el negocio facturaba un estimado de entre USD 5.000 y USD 67.000 mensuales, con movimientos de dinero provenientes principalmente de cuentas en México y Ecuador, lo que subraya el carácter transnacional de sus operaciones.
Los 31 sentenciados se acogieron al procedimiento abreviado, una figura legal que permite un acuerdo con la Fiscalía y la reducción de penas a cambio de la admisión de la responsabilidad. Las penas finales se definieron según el grado de participación de cada implicado.
Sin embargo, el caso generó controversia en la etapa de procesamiento ordinario. De un grupo inicial de 44 personas, solo 13 continuaron el proceso legal completo. La Fiscalía informó que, pese a contar con pruebas, solo tres de ellos fueron llamados a juicio, mientras que 10 personas recibieron auto de sobreseimiento, quedando fuera del proceso sin condena. El Ministerio Público anunció que apelará esta decisión judicial.
Además del delito de asociación ilícita, la FGE confirmó que las investigaciones continúan abiertas por otros posibles ilícitos, incluyendo enriquecimiento privado no justificado, falta de afiliación al IESS, violación a la intimidad y el grave delito de pornografía infantil, lo que podría sumar cargos y penas adicionales.
