La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró de manera definitiva un gimnasio en el norte de Quito que operaba de manera ilegal, sin los permisos requeridos, y que utilizaba sus instalaciones para organizar peleas clandestinas de boxeo y kickboxing. El cierre del establecimiento, ubicado en la comuna de San Miguel del Común, se concretó este miércoles 29 de octubre de 2025, un año después de un trágico suceso que dejó consternada a la comunidad.
El gimnasio, ahora clausurado, fue el escenario de la muerte de un niño de 12 años en 2024. El padre de la víctima relató a TC Televisión que el menor había acudido al lugar con intenciones deportivas, pero fue obligado a participar en una pelea contra un joven de 17 años. Producto del desigual enfrentamiento, el niño sufrió golpes en la cabeza que derivaron en un derrame cerebral y su posterior fallecimiento.
A pesar de la gravedad del hecho, el local no pudo ser clausurado de inmediato, ya que las autoridades debieron realizar extensas diligencias judiciales para esclarecer responsabilidades. El cierre se concretó gracias a una denuncia presentada por la propia comunidad, lo que permitió a los funcionarios municipales del AMC, liderados por el supervisor Gustavo Chiriboga, proceder legalmente.
La AMC confirmó que la organización de estas peleas clandestinas tenía fines de lucro. Cada asistente a los combates debía pagar USD 1 para acceder al espectáculo. Imágenes del lugar muestran un espacio claramente adaptado, tipo ring, destinado a estos eventos. Durante la intervención, se constató que el propietario del establecimiento logró darse a la fuga.
Este caso se suma a una serie de operativos realizados por la AMC en la capital. La entidad informó que recientemente clausuró otros dos gimnasios, esta vez en el sur de Quito (en Guamaní y en la ciudadela Atahualpa), que operaban ilegalmente como centros de fiestas clandestinas o “caídas”.
En el gimnasio de Guamaní, se encontraron a cerca de 300 personas consumiendo bebidas alcohólicas, mientras que en Atahualpa la cifra ascendía a 400 asistentes, en su mayoría adolescentes de 15 a 17 años, evidenciando un grave problema de control de licencias y seguridad juvenil en estos espacios.
