El Gobierno de Daniel Noboa intensificó el traslado de personas privadas de libertad (PPL) consideradas de alta peligrosidad hacia la recién inaugurada Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. El proceso, que inició el lunes 10 de noviembre de 2025 con 300 reos, continuó este martes 11 de noviembre con un segundo grupo. La movilización masiva se ejecuta con estrictas medidas de seguridad, buscando desmantelar las estructuras criminales que operan desde el interior del sistema penitenciario, especialmente tras la masacre ocurrida el fin de semana en la cárcel de Machala.
El traslado de los reclusos se realizó mediante un amplio despliegue logístico que involucró casi una veintena de buses, todos fuertemente custodiados por el Bloque de Seguridad, integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Para precautelar el proceso, la circulación vehicular en la vía a Daule fue temporalmente cerrada en ambos sentidos por al menos dos horas durante el movimiento del primer grupo.
La operación busca trasladar a 800 reos de alta peligrosidad, considerando factores como los delitos cometidos y su nivel de afectación al país. El centro penitenciario fue diseñado para albergar hasta esa capacidad, y según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, más de 300 reos ya se encuentran en la prisión de Santa Elena.
El fin de las operaciones criminales desde prisión
El Ministro del Interior fue enfático al describir el impacto de esta reubicación, declarando que, para los reclusos de alta peligrosidad, «Se les acabó la fiesta». Reimberg subrayó que desde la Cárcel del Encuentro, los internos ya no podrán dirigir operaciones delictivas como narcotráfico, secuestros, extorsiones o sicariatos.
La nueva prisión cuenta con celdas diseñadas para cuatro personas y, crucialmente, está dotada de sistemas de bloqueo que anulan cualquier tipo de señal de comunicación. Esta tecnología busca cortar el vínculo entre los cabecillas de las bandas y sus grupos delincuenciales en el exterior.
El Ministro destacó que esta acción marca el inicio de un verdadero control de los privados de la libertad, reconociendo que las cárceles tradicionales del país «no son hechas para este nivel de criminalidad». El traslado, iniciado poco después de la masacre que dejó 31 PPL fallecidos en la cárcel de Machala, se posiciona como la primera respuesta contundente del Gobierno ante la persistente crisis carcelaria.
