El Gobierno de Daniel Noboa catalogó como una “obra tangible que marca un antes y después en el país” la nueva ‘Cárcel del Encuentro’, ubicada en la provincia de Santa Elena, la cual comenzó a operar el 10 de noviembre de 2025 con el traslado de 300 Personas Privadas de Libertad (PPL) consideradas de alta peligrosidad. Entre el grupo de reos reubicados se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas, marcando el inicio de operaciones de este centro penitenciario promovido como una solución a la grave crisis carcelaria de Ecuador.
El traslado de los reclusos se manejó con estricta reserva, sin un acto formal de inauguración. No obstante, el Ejecutivo difundió una cadena nacional donde se presentó el proyecto como una promesa cumplida. Curiosamente, las imágenes mostradas correspondían a animaciones del diseño anunciado en enero de 2024, en lugar de la infraestructura finalizada. El mensaje oficial incluyó la reedición de un discurso del presidente Noboa, donde destacaba el objetivo de la prisión: ser un centro de cumplimiento de penas, no de operaciones criminales, y contar con el «aislamiento necesario» para un sistema penitenciario avanzado.
El propio presidente Noboa ha utilizado sus redes sociales para destacar el funcionamiento incipiente de la prisión y el traslado de los 300 internos, enfatizando la presencia de Jorge Glas. En fotografías difundidas, se pudo observar al exvicepresidente llegando a una celda en un lugar que aún presentaba obreros de la construcción en la escena.
Dato de referencia: La ‘Cárcel del Encuentro’ inició su construcción en junio de 2024 con un presupuesto de USD 52 millones, a cargo del grupo español Puentes. Esta obra es una respuesta directa a la crisis de violencia penitenciaria que ha cobrado la vida de más de 500 reclusos desde 2021, incluyendo 32 muertes registradas el pasado 9 de noviembre en la cárcel de Machala.
Características de la nueva prisión
La prisión, con capacidad para aproximadamente 800 reclusos, se levanta en la comuna Juntas del Pacífico, en Santa Elena, un área de acceso complejo. Su ubicación en el Litoral ha sido motivo de protesta por parte de las comunas ancestrales cercanas.
El ministro del Interior, John Reimberg, garantizó que el centro está dotado de «todas las medidas tecnológicas» necesarias para prevenir el ingreso de artefactos ilícitos. Además, enfatizó que la cárcel está equipada para ofrecer atención médica completa, evitando la necesidad de traslados a hospitales externos que a menudo son utilizados por los internos para evadir el cumplimiento de sus sentencias.
En cuanto a la seguridad interna, el Gobierno ha propuesto que la vigilancia esté a cargo de policías y militares retirados, una medida que busca reemplazar la labor del personal del SNAI. Sin embargo, esta propuesta se encuentra pendiente de una reforma legal que aún se tramita en la Asamblea Nacional, lo que mantiene en la incertidumbre sobre qué fuerza de seguridad asumirá la custodia definitiva del centro.
