Lo que comenzó en mayo de 2022 como la legalización de la firma jurídica Invictus Law Group en Quito, se ha transformado, tres años después, en el epicentro de un escándalo que sacude los cimientos de la justicia ecuatoriana. Una investigación revela cómo los antiguos socios y el círculo íntimo de Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), han transitado desde el libre ejercicio profesional hacia puestos clave en la función pública, coincidiendo con denuncias de presiones judiciales.
El ascenso coordinado al poder público La estructura de poder se habría consolidado a inicios de 2024. Mario Godoy, tras vender sus acciones a su ahora esposa, Dolores Vintimilla, asumió cargos estratégicos: primero en Petroecuador y luego, en julio de 2024, la presidencia de la Judicatura. Sus antiguos socios en Invictus, José Carlos García y Jorge Carrillo, también siguieron rutas similares, ocupando cargos en la estatal petrolera y en la dirección de Asesoría del CJ, respectivamente.
Denuncias de interferencia: Del caso Abad al narcotráfico serbio La sombra de la corrupción sobre esta red se proyecta a través de dos casos críticos:
- Caso «Pendrive»: En diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera denunció que Godoy, junto a sus colaboradores Jorge Carrillo y Henry Gaibor, la presionaron para fallar contra la exvicepresidenta Verónica Abad, entregándole incluso una sentencia redactada en una memoria flash.
- Caso Srdan: Recientemente, audios filtrados exponen supuestas presiones de Henry Gaibor (director del CJ en Pichincha y amigo cercano de Godoy) sobre el juez Carlos Serrano Lucero. El objetivo habría sido favorecer a Jezdimir Srdan, un narcotraficante serbio vinculado a la mafia albanesa. Un dato revelador es que la defensa de Srdan estuvo a cargo de Dolores Vintimilla y Christian Rosero, esposa y socio de Godoy, respectivamente.
Implicaciones políticas y futuro judicial El escándalo ha provocado que los vocales del Consejo de la Judicatura exijan la salida de Gaibor, quien renunció el pasado 22 de diciembre. Por su parte, la Asamblea Nacional ha convocado a Mario Godoy para comparecer en enero de 2026, donde enfrentaría un posible juicio político. Mientras tanto, la justicia investiga si el bufete Invictus funcionó como una plataforma para el tráfico de influencias en los más altos niveles del Estado.
