La Prefectura de Chimborazo enfrenta una encrucijada administrativa y jurídica. Mientras la viceprefecta Mónica Loza sostiene que continuará como prefecta subrogante, un sector del Consejo Provincial resolvió este lunes 19 de enero reintegrar a Hermel Tayupanda a sus funciones, tras cumplirse la sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El argumento de la subrogación
Mónica Loza, en rueda de prensa, fue enfática al señalar que su permanencia en el despacho principal no responde a un interés personal de «aferrarse al cargo», sino al cumplimiento de la normativa vigente. Según Loza, aunque Tayupanda cumplió los 90 días de suspensión dictados por el TCE, el sistema del Ministerio de Trabajo aún refleja un impedimento legal para que el funcionario ejerza cargos públicos.
«Me mantendré al frente de la Prefectura mientras no se dé de baja dicho impedimento en el sistema nacional», aseguró la autoridad subrogante.
Sesión extraordinaria y votos a favor
Por otro lado, Hermel Tayupanda convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Provincial la mañana de este lunes. Durante la plenaria, el alcalde de Guano, Oswaldo Estrada, presentó una moción para acatar el levantamiento de la suspensión de derechos de participación de Tayupanda, basándose en el auto del TCE. La propuesta fue aprobada con 10 votos a favor, buscando formalizar el retorno del prefecto titular.
La postura de la Procuraduría Síndica
Sin embargo, la pugna legal se intensificó tras un comunicado oficial de la Procuraduría de la Prefectura. La entidad advirtió que la convocatoria de Tayupanda carece de validez jurídica. La defensa institucional sostiene que, bajo el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la competencia para convocar a consejo recae exclusivamente en Mónica Loza mientras la habilitación administrativa de Tayupanda no sea formalmente registrada.
Dato de referencia: El COOTAD establece que, en ausencia o impedimento legal del titular, el viceprefecto asume las competencias plenas, incluyendo la facultad de convocar y presidir las sesiones del legislativo provincial.
Hasta el cierre de esta edición, la incertidumbre persiste en las dependencias de la Prefectura en Riobamba, a la espera de que el Ministerio de Trabajo actualice el estatus legal de Tayupanda para destrabar la gobernabilidad de la provincia.
