El proceso de recuperación de activos del Estado avanza en el marco del caso Metástasis. A petición de la Procuraduría General del Estado (PGE), el juez Manuel Cabrera dictó el embargo del 50% de los bienes inmuebles de Daniel Salcedo Bonilla. Esta medida se ejecuta tras la sentencia de 40 meses de prisión que cumple Salcedo por el delito de delincuencia organizada, luego de acogerse a un procedimiento abreviado.
Antecedentes y confesión
Daniel Salcedo admitió su participación en una red de corrupción judicial y política vinculada al narcotráfico. En su confesión, reconoció haber gestionado, mediante sobornos a jueces y funcionarios de la Corte de Justicia del Guayas, la liberación irregular del narcotraficante Leandro Norero, alias ‘El Patrón’. Como parte de las medidas de reparación, la justicia busca ahora asegurar los activos del sentenciado para resarcir al Estado ecuatoriano.
Propiedades bajo medida judicial
La Dirección Nacional de Patrocinio de la Procuraduría, liderada por Jeniffer Benítez, identificó dos propiedades clave de Salcedo ubicadas en la parroquia satélite La Aurora, en el cantón Daule. El embargo se aplica sobre la mitad de los derechos y acciones, ya que los bienes están registrados a nombre de Salcedo y su excónyuge.
Detalle de los inmuebles identificados:
- Urbanización Vicolinci: Solar de 600 metros cuadrados, con un avalúo registrado de USD 113.628.
- Urbanización Brillante (La Joya): Vivienda de 127 metros cuadrados, valorada en USD 48.818.
En total, el avalúo comercial de las propiedades involucradas supera los USD 162.000, de los cuales el Estado busca asegurar la cuota correspondiente al sentenciado.
Disposiciones del Magistrado
El juez Cabrera emitió la providencia el pasado 14 de enero de 2026, otorgando un plazo de cinco días para que la Policía Nacional cumpla con la diligencia. La orden incluye la notificación a la excónyuge de Salcedo, Maybillyne G. L., para que actúe como depositaria judicial de la cuota embargada.
Además, el magistrado solicitó un informe pormenorizado a la fuerza pública que incluya el estado actual de las infraestructuras, extensiones exactas y una actualización de los avalúos. Aunque el plazo inicial ha vencido, los registros judiciales aún no reflejan el acta de cumplimiento de la orden de embargo en el sistema oficial.
