Este miércoles 11 de marzo de 2026, a las 13:45, se marcó un antes y un después en la estrategia de seguridad de Ecuador. En las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, se oficializó la apertura de una oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Quito, mediante la firma de un memorando de entendimiento que busca desarticular las estructuras criminales más peligrosas del país.
Un marco legal para la acción conjunta
El acuerdo establece un mecanismo de investigaciones paralelas sobre organizaciones transnacionales. La cooperación se enfocará prioritariamente en identificar, rastrear y judicializar redes dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y corrupción.
Allen Pack, director regional del FBI, destacó que la reciente designación de Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas ha sido el catalizador para desplegar recursos de antiterrorismo y grupos especializados en ambos países.
Operatividad y Soberanía
La nueva unidad contará con un agente asignado permanentemente que operará desde la Embajada de Estados Unidos, trabajando codo a codo con el equipo policial ecuatoriano. El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que todas las operaciones se regirán bajo los principios de soberanía y no intervención, permitiendo un análisis profundo de las mafias tanto dentro como fuera de las fronteras.
Ecuador: El quinto eje del FBI en Sudamérica
Anteriormente, los casos de Ecuador eran gestionados desde la oficina del FBI en Bogotá, Colombia. Con esta inauguración, Quito se suma a la red global de agregadurías policiales (Legats). En Sudamérica, esta es la quinta sede oficial, sumándose a:
- Bogotá (Colombia)
- Brasilia (Brasil)
- Buenos Aires (Argentina)
- Santiago (Chile)
- Quito (Ecuador)
Lawrence Petroni, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU., explicó que esta oficina permitirá una gestión más ágil en casos críticos, como las investigaciones sobre explosiones en Guayaquil, procesos de extradición y asesinatos de figuras políticas.
Por su parte, la vicepresidenta María José Pinto calificó este paso como una «cooperación práctica y concreta», indispensable para enfrentar la naturaleza transfronteriza del crimen organizado moderno.
