El proceso judicial contra el juez penal de Guayaquil, Ángel Tapia, capturado el pasado 13 de marzo de 2026, ha tomado un nuevo giro jurídico. Mientras la defensa del magistrado solicita la nulidad de la causa alegando una detención «arbitraria» e ilegal, el Consejo de la Judicatura (CJ) ha intervenido oficialmente en el caso, declarándose víctima directa de los presuntos actos de corrupción.
Una detención bajo la sombra de la Mafia Albanesa
Tapia, quien ya se encontraba suspendido por 90 días tras haber favorecido con un habeas corpus a alias «Odín» (vinculado a la estructura delictiva de Jezdimir Srdan y la mafia albanesa), es acusado ahora de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, el juez habría presionado a una colega para liberar a un procesado por extorsión y secuestro.
Por su parte, el abogado defensor, Andrés Reyes, sostiene que el allanamiento fue un «acto urgente» sin evidencias y que la detención ocurrió sin una investigación previa adecuada. El propio Tapia se defendió en la audiencia asegurando que solo pidió «atender un escrito» y que lo hizo como ciudadano particular, no como funcionario, debido a su suspensión.
La Judicatura busca reparación integral
En un movimiento institucional contundente, el Consejo de la Judicatura presentó un escrito para ser parte procesal en calidad de víctima. La entidad argumenta que estos actos menoscaban la transparencia del aparato judicial y producen un daño directo a la integridad de la función pública. El CJ no descartó presentar una acusación particular para exigir una reparación integral, tanto material como inmaterial.
Riesgo en la Penitenciaría
Actualmente, el juez Tapia guarda prisión en la Penitenciaría del Litoral. Su defensa ha solicitado de manera urgente al SNAI el traslado o medidas reforzadas de seguridad, argumentando que su condición de magistrado lo expone a represalias por parte de las bandas criminales que operan dentro del sistema carcelario.
