La administración municipal de Guayaquil atraviesa una etapa de profunda incertidumbre legal y política. Este 8 de abril de 2026, se ingresó ante el Concejo Cantonal una solicitud formal para la remoción del cargo del alcalde Aquiles Alvarez. El pedido ocurre aproximadamente dos meses después de que la Fiscalía General del Estado dictara prisión preventiva en su contra por el denominado caso Goleada, situación que ha mantenido al burgomaestre alejado del ejercicio presencial de sus funciones desde febrero pasado.
Fundamentos del pedido de remoción y el caso Goleada
El abogado David López Banegas, con domicilio en la ciudad de Quito, es quien suscribió el oficio presentado ante el cuerpo edilicio. El documento argumenta que la privación de libertad que pesa sobre Alvarez constituye un impedimento insalvable para el desempeño normal y ordinario de las responsabilidades que demanda la Alcaldía. Según el jurista, la imposibilidad de ejercer el mando de manera personal es un «hecho público y notorio» que justifica activar los mecanismos legales de salida.
El trasfondo jurídico de Alvarez es complejo. Se encuentra procesado en el caso Goleada, una investigación que busca desarticular una presunta red de delincuencia organizada dedicada al lavado de activos y la defraudación tributaria. Aunque recientemente un tribunal revocó una de las órdenes de prisión preventiva en su contra, el funcionario aún permanece recluido en la denominada Cárcel de El Encuentro, debido a que mantiene vigentes otras dos medidas cautelares de prisión por procesos judiciales distintos.
Análisis de ausencias y subrogación de funciones
Desde que se inició la instrucción fiscal en febrero de 2026, Alvarez solicitó una licencia al Municipio de Guayaquil, designando a Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante. No obstante, el pedido de remoción pone énfasis en los plazos legales:
- Ausencias injustificadas: El abogado denunciante señala que, hasta el 2 de abril de 2026, Alvarez acumuló cinco días de ausencia sin justificación legal clara.
- Vacío institucional: El documento advierte que no existe una resolución definitiva sobre la situación jurídica del alcalde ni una extensión formal de su ausencia que sea válida bajo la normativa vigente.
- Marco Legal: La solicitud pide verificar si se configura la causal de remoción establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Reacciones en el Concejo Cantonal
El panorama político interno se agita tras la presentación de este oficio. Pese a que el Concejo Cantonal sesionó recientemente en el Palacio Municipal, los ediles evitaron abordar el estatus de la licencia de Alvarez o el impacto del nuevo pedido de remoción en el orden del día.
Sin embargo, voces de oposición ya han tomado postura. La concejal Ana Chóez, del Partido Social Cristiano, anunció que presentará un escrito adicional para fortalecer los argumentos jurídicos que buscan la salida definitiva de Alvarez. Chóez criticó la intención del alcalde de aferrarse al puesto pese a su imposibilidad física de cumplirlo, manifestando que dicha actitud demuestra que los intereses de la ciudad no han sido la prioridad en su administración.
