El violento asesinato de la jueza Lady Gissela Pachar Huanga, perpetrado el pasado 11 de mayo de 2026 en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, continúa generando intensas y sucesivas reacciones por parte de los poderes del Estado y de diversas organizaciones de la sociedad civil. Estas entidades han manifestado públicamente su profunda y creciente preocupación por las condiciones críticas de seguridad en las que operan los administradores de justicia en todo el territorio de Ecuador.
En este contexto de conmoción, la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento oficial con fecha 14 de mayo de 2026. En su comunicado, la máxima magistratura constitucional del país lamentó de forma categórica el crimen y lanzó una severa advertencia sobre las alarmantes condiciones de riesgo bajo las cuales ejercen sus funciones los jueces y juezas de la república, de manera particular en entornos golpeados por la violencia extrema y las operaciones del crimen organizado. La institución remarcó que la protección efectiva de todos los operadores de justicia constituye una “garantía indispensable para la vigencia del Estado de derecho, la independencia judicial y la preservación de la democracia”. Por esta razón, formuló un llamado urgente a las instancias correspondientes para fortalecer de forma inmediata los mecanismos institucionales de seguridad. Adicionalmente, la Corte enfatizó rigurosamente que “ningún sistema de justicia puede actuar con plena independencia si quienes administran justicia deben desempeñar sus funciones bajo amenazas, intimidaciones o escenarios de riesgo”.
Por otra parte, y siguiendo la misma línea de alerta, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) denunció formalmente la existencia de un “deterioro grave” en lo que respecta a la seguridad del sector judicial en el país. De acuerdo con los datos estadísticos presentados por este organismo técnico, entre los años 2020 y 2026 se han registrado de manera oficial un total de 43 atentados en contra de servidores judiciales en el Ecuador, sucesos violentos que han dejado un saldo trágico de 25 víctimas mortales. Basado en este balance real, el Observatorio sostuvo con firmeza que el atentado letal en contra de la jueza Pachar Huanga no debe ser considerado como un hecho aislado o fortuito, sino como una evidencia clara y directa de un patrón estructural de vulnerabilidad que afecta al sistema.
El Observatorio de Derechos y Justicia también reveló de manera específica que la magistrada asesinada contaba con un perfil de riesgo previamente identificado y que existían registros documentados de amenazas en su contra. A pesar de estos antecedentes, la funcionaria no disponía de ningún tipo de resguardo policial activo en el preciso instante en el que se ejecutó la agresión armada. De igual forma, la organización civil trajo a colación un segundo hecho violento perpetrado recientemente en el interior de una dependencia judicial ubicada en la provincia de Santa Elena, señalándolo como otro componente alarmante de la reciente escalada de violencia que azota a la función judicial.
De acuerdo con el informe oficial de los hechos levantado por la Policía Nacional, la jueza fue interceptada de forma violenta por dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta en los momentos en que ella se dirigía de forma cotidiana hacia un gimnasio en la urbe de Machala. La información confirmada por la propia institución del orden determinó que, aun cuando la magistrada de El Oro tenía asignada una custodia oficial para su protección individual, los agentes del orden responsables de dicha tarea no se encontraban físicamente presentes en el lugar ni en el momento exacto en el que ocurrió el mortal atentado.
Ante la gravedad del suceso, la Asociación de Magistrados junto con el Consejo de la Judicatura emitieron declaraciones de condena unánime frente al crimen. Ambas entidades técnicas y gremiales calificaron la agresión mortal como un ataque directo e intolerable a la independencia judicial y a la estructura misma del sistema de justicia en el Ecuador. Cabe subrayar que la provincia de El Oro se encuentra catalogada formalmente como una de las nueve provincias más violentas del territorio ecuatoriano, razón por la cual permanece sujeta a la aplicación de un toque de queda nocturno decretado para el periodo comprendido entre el 3 y el 18 de mayo de 2026; una medida de excepción con la cual las fuerzas de seguridad del Estado pretenden intensificar los operativos de combate en contra de los grupos criminales organizados que operan en la zona.
