La Fiscalía General del Estado formuló cargos de manera oficial este viernes 15 de mayo de 2026 en contra de cuatro ciudadanos que pertenecen al círculo familiar íntimo de Danny N., conocido en el mundo delictivo bajo el alias de ‘Odín’. El proceso judicial se inició por la presunta comisión del delito de lavado de activos, dentro de una causa que posiciona a Danny N. como el presunto brazo ejecutor y principal dinamizador económico de una sofisticada estructura criminal directamente vinculada con el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Los ciudadanos ahora procesados por la justicia ecuatoriana fueron identificados formalmente como Adolfo N., Jaqueline N., Jaqueline G. y Patricia P. Las detenciones de los sospechosos se hicieron efectivas durante la madrugada del pasado jueves 14 de mayo de 2026, en el transcurso de un megaoperativo coordinado y ejecutado de manera conjunta entre los equipos técnicos de la Fiscalía General del Estado y las unidades tácticas de la Policía Nacional del Ecuador en territorio de las provincias de Guayas y Santa Elena. Durante el despliegue de los allanamientos simultáneos, las autoridades judiciales y policiales intervinieron un total de once bienes inmuebles, logrando levantar múltiples indicios que quedaron bajo cadena de custodia, entre los cuales constan importantes sumas de dinero en efectivo, documentación física relevante, teléfonos celulares y un equipo de computación portátil.
De acuerdo con el informe oficial derivado de la investigación fiscal, los ingresos económicos reportados de forma legal por los ahora sospechosos no justificaban bajo ningún concepto la adquisición técnica de diversos bienes de alta plusvalía en el país. Debido a esto, la Fiscalía General del Estado indicó que los ciudadanos procesados habrían estado realizando de manera recurrente transacciones financieras fragmentadas por montos inferiores a los 10 000 dólares americanos, una estrategia deliberada que buscaba evitar de forma sistemática el salto de alertas tempranas y los controles regulatorios establecidos dentro del Sistema Financiero Nacional. Esta modalidad específica, denominada técnicamente como “pitufeo” dentro de las investigaciones judiciales por el delito de lavado de activos, habría sido la herramienta idónea utilizada por el clan familiar para movilizar los cuantiosos recursos económicos cuyo origen se presume ilícito.
Asimismo, la instrucción y las líneas de investigación determinaron que los implicados habrían mantenido una colaboración activa y directa con el ciudadano de nacionalidad serbia Jezdimir S., quien ya se encuentra sentenciado por los tribunales del país en el marco del denominado caso Euro2024 por el delito de lavado de activos. Esta alianza delictiva contemplaba la ejecución de actividades ilícitas relacionadas con la contaminación sistemática de contenedores comerciales con cargamentos de droga destinados al mercado internacional. Según expuso la teoría del caso de la Fiscalía, los sospechosos empleaban estratégicamente una persona jurídica con el fin de ejecutar actividades comerciales de apariencia totalmente lícita, a pesar de que los flujos de dinero tenían un presunto origen real en las operaciones de narcotráfico.
Como parte del sustento técnico para la formulación de los cargos, la Fiscalía presentó ante la autoridad judicial diversos elementos de convicción de alta relevancia, entre los cuales se incluyeron reportes de carácter tributario emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), certificados oficiales del Registro de la Propiedad y abundante documentación del movimiento financiero de los implicados. Tras concluir la respectiva audiencia de formulación de cargos, el juez especializado de la Unidad de Corrupción y Crimen Organizado decidió acoger de forma parcial la petición planteada por los representantes fiscales, dictando la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Adolfo N., Jaqueline N. y Patricia P. En lo que respecta a la ciudadana Jaqueline G., el magistrado dispuso la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, dictando de forma expresa la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de realizar presentaciones periódicas ante la autoridad competente.
En la misma resolución judicial, el magistrado ordenó de forma obligatoria la retención general de cuentas bancarias de los procesados por un monto global que asciende a los 1,5 millones de dólares americanos. Adicionalmente, el juez dispuso la incautación formal de dos vehículos de uso particular y de tres bienes inmuebles que se encuentran ubicados geográficamente en los cantones de Playas, Daule y Guayaquil.
Respecto a la situación jurídica actual de Danny N., alias “Odín”, las autoridades recordaron que el ciudadano enfrenta un proceso paralelo por el presunto delito de delincuencia organizada y que actualmente permanece en calidad de prófugo de la justicia, esto luego de haber sido puesto en libertad tras recibir el beneficio de una medida de hábeas corpus dictada en su momento por un juez de la república, acción que posteriormente derivó en la destitución de dicho magistrado por parte del Consejo de la Judicatura debido a los nexos existentes con el socio del narcotraficante serbio. Finalmente, se confirmó que la etapa de instrucción fiscal en este nuevo caso por lavado de activos tendrá una duración legal estimada de 90 días calendario.
