La Fiscalía General del Estado abrió formalmente una investigación penal por el presunto delito de peculado en contra de 21 personas, debido a las irregularidades detectadas en los contratos de emergencia suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa extranjera Progen Industries LLC para la instalación de grupos electrógenos en las centrales térmicas de Salitral y Quevedo. La causa judicial, denominada institucionalmente como «Caso Apagón», se presentó este 14 de mayo de 2026 ante la Corte Nacional de Justicia, durante el desarrollo de la audiencia de formulación de cargos, la cual se reinstaló de manera sucesiva este 15 de mayo de 2026.
Durante su intervención, el fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, sostuvo formalmente la teoría de que una aparente red de corrupción enquistada causó un perjuicio económico directo de 104,4 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Según la hipótesis de la Fiscalía, diversos servidores públicos omitieron y evadieron deliberadamente los procedimientos de contratación pública en las fases precontractual, contractual y de ejecución con el único objetivo de favorecer a la compañía extranjera mencionada. Cabe recalcar que los contratos investigados se firmaron en medio de la severa crisis energética que provocó cortes de luz de hasta 14 horas en todo el país. Dichos acuerdos bilaterales tenían como meta prioritaria instalar equipos de generación eléctrica emergente; sin embargo, los motores y generadores entregados por Progen Industries LLC nunca entraron en operación.
Dentro del proceso penal constan exautoridades, funcionarios públicos y representantes del sector privado. Entre los procesados principales se encuentra Antonio Goncalves, exministro de Energía del Gobierno del presidente Daniel Noboa. La Fiscalía General del Estado incluyó su nombre en la causa argumentando una falta absoluta de acciones inmediatas de control, supervisión, veeduría o ejecución de las garantías contractuales desde el Ministerio de Energía, según detalló Alarcón en su exposición.
Asimismo, Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec, aparece en la lista oficial de investigados; la Fiscalía lo relaciona directamente con la declaratoria de la emergencia eléctrica y con la delegación de responsabilidades contractuales dentro del proceso que permitió la adjudicación a Progen. De igual forma, Byron Orozco, exgerente encargado de Termopichincha, forma parte de los 21 procesados, ubicado por Alarcón dentro de la fase específica en la que se materializaron y suscribieron los documentos contractuales. En la contraparte privada, la justicia procesa a Andrew S., representante estadounidense de Progen Industries LLC, y a Karla S., familiar directa de Fabián Calero, quien es señalada por gestionar el proceso utilizando documentación forjada y firmas digitales falsas entregadas a la corporación estatal.
La investigación de la Fiscalía se centra en tres contratos específicos de emergencia. El primero de ellos se suscribió el 2 de agosto de 2024 para la central Salitral por un valor de 99,4 millones de dólares, destinado originalmente a la adquisición de 29 grupos electrógenos. Ese mismo día, se firmó el segundo contrato de emergencia correspondiente a la central de Quevedo por un monto de 49,7 millones de dólares, para la compra de 20 grupos electrógenos. Posteriormente, el 11 de enero de 2025, se sumó a este proceso un contrato complementario para la misma central de Quevedo. El fiscal Alarcón sostuvo que la adjudicación formal se apoyó en informes de comisiones técnicas y de calificación que recomendaron a Progen bajo el argumento de que cumplía con la totalidad de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos. Sin embargo, el fiscal afirmó con rotundidad que la oferta seleccionada poseía inconsistencias de fondo, debido a que la firma no demostró ser fabricante original de los motores ni contar con la autorización del fabricante genuino.
La Fiscalía General del Estado señaló graves omisiones en el proceso de contratación. Según la teoría fiscal, las especificaciones técnicas elaboradas y aprobadas por los propios funcionarios procesados no incluyeron criterios diferenciados para evaluar la capacidad legal, económica y técnica real de la empresa oferente. Alarcón también indicó ante el tribunal que no se definieron mecanismos institucionales para verificar la autenticidad de los documentos de experiencia que presentó la contratista. A esto se sumó que el estudio de mercado previo comparó ofertas que no cumplían con las mismas especificaciones ni presentaban características homogéneas. Pese a todas estas observaciones evidentes, la recomendación de la comisión fue invitar exclusivamente a Progen a presentar una oferta formal bajo la premisa de que poseía «menos observaciones», lo que expuso una falta total de metodología formal en el análisis técnico y económico exigido por la ley.
El punto más crítico de la acusación fiscal determinó que los equipos entregados por Progen Industries LLC eran usados, repintados y no se encuentran en operación. La Fiscalía afirmó que los motores y generadores incumplieron de forma flagrante las condiciones explícitas del contrato. Los equipos debían operar obligatoriamente desde noviembre de 2024 y fueron ofertados al Estado como maquinaria completamente nueva, sin uso previo y con un año de fabricación igual o superior al 2023. Sin embargo, informes técnicos citados en la audiencia señalaron que algunos motores poseían placas con años de fabricación correspondientes al año 2009 o, en su defecto, no registraban ninguna fecha. El fiscal expuso que varios equipos presentaban placas con doble estampado, números de serie difíciles de verificar y modelos totalmente distintos a los ofertados al país, determinándose que algunos motores pertenecían a modelos específicos que dejaron de fabricarse globalmente en los años 2009 y 2019.
Finalmente, la Fiscalía argumentó que el Estado ecuatoriano transfirió millonarios anticipos a favor de Progen sin realizar una verificación técnica adecuada de los equipos y sin exigir garantías suficientes. Alarcón detalló que se ejecutaron pagos por 34,8 millones de dólares correspondientes al contrato de Quevedo y 69,6 millones de dólares por el contrato de Salitral, generando el perjuicio económico total de 104,4 millones de dólares. Un informe oficial del Banco Central del Ecuador certificó la realización de seis giros financieros al exterior a favor de Progen Industries LLC, entre los que consta de manera detallada una transferencia por 69,5 millones de dólares ejecutada el 1 de octubre de 2024 hacia una cuenta bancaria perteneciente al Regions Bank. Cabe mencionar como referencia que, frente a estas acusaciones, Antonio Goncalves Savinovich ha solicitado formalmente la asistencia investigativa del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
