En una decisión de alto impacto para la justicia ecuatoriana, el Pleno del Consejo de la Judicatura oficializó este jueves 21 de mayo de 2026 la destitución de la jueza María Daniela Ayala. La magistrada, quien tuvo a su cargo el proceso judicial por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, fue removida de su cargo bajo la acusación de haber incurrido en actuaciones dolosas dentro del caso.
La Judicatura fundamentó su resolución bajo una política de «cero tolerancia» ante actos de corrupción. Según el organismo, Ayala mostró una actuación irregular al ignorar el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía General del Estado contra José Serrano y Xavier Jordán. En su lugar, la magistrada optó por otorgar medidas alternativas, como la presentación periódica en un Consulado de Ecuador en Estados Unidos, una decisión que carecía de un argumento jurídico sólido según el análisis del Pleno.
El origen de la sanción Este caso fue denunciado originalmente por el ministro del Interior, John Reimberg, y respaldado por la familia de Fernando Villavicencio, quienes cuestionaron desde el inicio el beneficio otorgado a los procesados. El incidente se remonta a septiembre de 2025, cuando Ayala dictó las medidas sustitutivas que evitaron la reclusión de Serrano y Jordán.
No obstante, la presión de la Fiscalía resultó clave. En octubre de 2025, tras la insistencia del Ministerio Público y la presentación de nuevos elementos, se aceptó la solicitud de revocatoria de las medidas, ordenando finalmente la prisión preventiva para ambos sospechosos, quienes son procesados como presuntos autores intelectuales del magnicidio ocurrido en agosto de 2023. La destitución de Ayala marca un hito en la depuración del sistema judicial ecuatoriano, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad que recae en los jueces que manejan causas de alta relevancia nacional.
