Un caso que despertó la indignación ciudadana y abrió un profundo debate sobre los límites del uso de la fuerza oficial ha recibido un dictamen definitivo. Un tribunal de apelación ratificó formalmente la condena de un año, nueve meses y 10 días de pena privativa de libertad para dos miembros activos de la Policía Nacional que hirieron gravemente con armas de fuego a una mujer civil durante un confuso operativo, según informó de manera oficial la Fiscalía General del Estado este miércoles 24 de junio de 2026. La resolución judicial confirma la culpabilidad de los uniformados en un hecho que aterrorizó a una familia entera en el sur de la capital de la república.
Los hechos que originaron este proceso penal se remontan cronológicamente al 23 de noviembre de 2023. Durante aquella jornada, una operación policial en el sur de Quito se transformó en una escena de pánico cuando dos camionetas ocupadas por miembros de la Policía Nacional, quienes vestían prendas de civil y cubrían sus rostros con capuchas, iniciaron junto a otros uniformados la persecución ininterrumpida de un vehículo particular que circulaba por la zona.
El automóvil perseguido por el contingente era conducido por una mujer que regresaba a su domicilio habitual en compañía de su cuñada, sus dos hijos y una sobrina menor de edad. La conductora había recogido previamente a sus familiares tras concluir los ensayos del grupo musical de la iglesia a la que asisten de forma regular. Según consta en los múltiples testimonios recopilados y presentados por el Ministerio Público durante las etapas procesales, las mujeres que iban dentro del auto escucharon fuertes gritos, amenazas e insultos provenientes de las camionetas donde se movilizaban los hombres encapuchados, quienes les exigían a viva voz que detuvieran la marcha del rodado. Ante la falta de uniformes visibles, las capuchas y la agresividad del abordaje, las ocupantes pensaron fundadamente que se trataba de un violento intento de secuestro, por lo que decidieron continuar su marcha para ponerse a buen recaudo.
Tras treinta minutos de una desesperada huida y persecución, las víctimas divisaron un vehículo patrullero policial en la vía pública y decidieron detener su marcha por completo frente a este para solicitar auxilio inmediato. Sin embargo, en ese preciso instante fueron interceptadas y acorraladas por las camionetas que las venían siguiendo. Lejos de identificarse formalmente como agentes de la ley y del orden, los hombres armados descendieron de los vehículos sin identificaciones oficiales y, de acuerdo con los elementos recabados en la investigación fiscal, apuntaron de manera directa con sus armas de fuego a los cinco integrantes de la familia, entre los cuales se encontraban tres menores de edad. Segundos después, se escucharon múltiples detonaciones de armas de fuego en el lugar.
Posteriormente a los disparos, los miembros de la Policía Nacional sacaron de forma violenta y a la fuerza a uno de los jóvenes que se encontraba en el interior del automóvil civil. Los agentes lo trasladaron contra su voluntad hasta una de las camionetas del operativo, sitio donde mantenían a una persona sospechosa esposada, con la finalidad de verificar visualmente si el joven de la familia correspondía al presunto delincuente que estaban buscando activamente. Al recibir una respuesta negativa por parte del detenido, quien confirmó que no se trataba de su cómplice, los uniformados dejaron al joven civil en libertad de manera inmediata.
Pese a que el joven fue liberado, el uso desproporcionado de las armas estatales ya había cobrado una víctima. Una de las mujeres que permanecía en el interior del carro resultó herida tras recibir impactos de bala de forma directa en la espalda y en una de sus pantorrillas. La afectada fue alcanzada por los proyectiles luego de tomar la decisión de proteger físicamente con su propio cuerpo a su hija menor de edad en medio de la ráfaga de disparos civiles y policiales. Un examen especializado practicado posteriormente por un médico legista determinó de manera pericial que las lesiones físicas ocasionadas por los impactos de bala le provocaron a la mujer una incapacidad médica de entre nueve y treinta días.
Frente a la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, el tribunal de alzada ratificó de forma unánime la sentencia condenatoria en contra de los dos uniformados, quienes fueron legalmente identificados como Edisson Javier P. T. y Alejandro Paúl A. A. Ambos policías fueron declarados culpables en calidad de autores del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tipificado en la legislación penal ecuatoriana.
Además de la pena de prisión obligatoria de 21 meses y 10 días, el tribunal encargado de resolver el recurso de apelación interpuesto por los policías confirmó la imposición de una medida de reparación integral de carácter económico, ordenando a los sentenciados el pago de USD 15.000 a favor de la víctima afectada. Asimismo, la sentencia dictamina de forma obligatoria la ejecución de disculpas públicas por parte de los procesados, las cuales deberán realizarse formalmente mediante un acto público en las instalaciones de la Comandancia de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito.
