La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional espera este 17 de julio al asambleísta Santiago Díaz Asque, acusado de presuntamente haber violado a una menor de 12 años. La convocatoria forma parte del proceso de fiscalización sobre las acciones de las instancias de justicia en este caso, mientras Díaz continúa sin presentarse a sus labores legislativas ni revelar su paradero.
Desde el 8 de julio, cuando se hizo pública la denuncia por presunta violación, Santiago Díaz no ha asistido a la Asamblea Nacional. Su desaparición ha generado preocupación y críticas, incluso dentro de su propia bancada, la Revolución Ciudadana (RC), que ya no lo reconoce como parte activa del movimiento.
La presidenta de la Comisión de Transparencia, la asambleísta Diana Jácome de Acción Democrática Nacional (ADN), convocó también a 10 legisladores correístas que inicialmente apoyaron con sus firmas una reforma al Código Penal propuesta por Díaz. Esta reforma buscaba reducir la edad de consentimiento sexual a los 14 años.
Entre los llamados a comparecer están:
Cristina Jácome
Franklin Samaniego
Roque Ordónez
Arisdely Parrales
Diego Salas
Juan Pablo Molina
Patricia Nuñez
Nanki Lauro Saant
Eustaquio Tuala
Ledy Zúñiga
Aunque la mayoría de ellos retiró posteriormente su apoyo a la propuesta —ya rechazada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL)—, la asambleísta Jácome considera que su participación inicial requiere explicaciones públicas. “Deben explicar al país por qué dieron su firma para avalar esta propuesta de un asambleísta hoy prófugo e investigado de una presunta violación a una niña”, señaló.
La Comisión tiene previsto elaborar un informe que será remitido al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien decidirá si se aplican sanciones administrativas a los legisladores involucrados.
El caso de Santiago Díaz Asque ha generado una ola de rechazo y escrutinio en el ámbito político y judicial. Mientras se desarrolla la fiscalización parlamentaria, se espera que los involucrados respondan públicamente por su participación en una iniciativa legislativa que ahora es vista como inapropiada y potencialmente peligrosa.
