El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, porta desde el 20 de julio de 2025 un grillete electrónico como medida cautelar en el caso Triple A, donde se le investiga por presunta comercialización ilegal de combustibles. Expertos en derecho cuestionan la proporcionalidad de la medida, mientras Álvarez la califica como “persecución política”.
El 19 de julio de 2025, un juez de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado llamó a juicio a Aquiles Álvarez, junto con 15 personas naturales y seis empresas, por su presunta participación en una red de almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de combustibles, conocida como caso Triple A. Además de la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, el juez Renán Andrade ordenó el uso de un grillete electrónico, una medida que ha desatado un intenso debate jurídico y político.
El abogado penalista Steven Reyes sostiene que la medida podría ser desproporcionada, ya que la Fiscalía no justificó plenamente su necesidad ni el juez motivó su decisión. “Si el juez no explicó por qué acogió el pedido del grillete, es desproporcional”, afirmó, destacando que Álvarez ya cumplía con otras medidas cautelares, como presentaciones periódicas. Génesis Espinoza, otra jurista, apunta a posibles vulneraciones de derechos fundamentales, citando la sentencia No. 66-15-JC/19 de la Corte Constitucional, que exige considerar las condiciones personales del procesado, como la afección cardíaca de Álvarez, quien porta un marcapasos.
Julio César Cueva va más allá, calificando el grillete como un “acto de humillación”. Según Cueva, las otras medidas eran suficientes, y la imposición del dispositivo parece más un castigo anticipado que una precaución judicial. En contraste, Joaquín Alvarado defiende que el grillete no limita las funciones de Álvarez como alcalde, ya que su propósito es garantizar su presencia en el juicio, no restringir sus actividades.
La Fiscalía acusa a Álvarez de liderar una red que desvió más de 2.4 millones de galones de combustible, causando un perjuicio al Estado de USD 61 millones. La investigación, iniciada en julio de 2024 tras denuncias de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, señala a empresas como Copedesa, vinculada a la familia de Álvarez, por irregularidades en la distribución de diésel y gasolina.
Álvarez ha rechazado las acusaciones, denunciando una “persecución política” del Gobierno de Daniel Noboa. En un video difundido el 20 de julio, afirmó: “El grillete es un símbolo de persecución, pero no me hace cosquillas”. También intentó, sin éxito, prohibir la difusión de imágenes con el dispositivo, alegando violaciones a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
La controversia ha escalado al Concejo Municipal, donde concejales como Ana Choez (PSC) y Soledad Diab (independiente) intercambiaron críticas en redes sociales, evidenciando tensiones políticas. Choez calificó el caso como un “cambio hacia lo impresentable”, mientras Diab defendió a Álvarez y acusó al PSC de silencio cómplice ante escándalos propios.
El grillete de Aquiles Álvarez ha abierto un debate sobre el equilibrio entre medidas cautelares y derechos fundamentales. Mientras los expertos cuestionan su proporcionalidad, el alcalde insiste en su inocencia y enfrenta un juicio que podría redefinir su futuro político. Guayaquil observa, dividida, cómo se desarrolla este caso en un contexto de alta polarización.
