El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, enfrenta una investigación previa de la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas irregularidades en los contratos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) durante la emergencia eléctrica de 2024. Luque, quien se desempeñó como ministro encargado de Energía, aseguró que colaborará plenamente para garantizar la transparencia.
El 23 de julio de 2025, Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, anunció a través de su cuenta de X que la FGE abrió una investigación previa sobre los procesos de contratación de CELEC durante la crisis energética de 2024, cuando él estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minas entre abril y junio. “Soy el primero en informarle a la ciudadanía la apertura de una investigación previa por parte de la FGE. Reconozco y valoro la importancia de contar con el espacio adecuado para ofrecer mi versión de los hechos y contribuir a la total transparencia”, escribió Luque, enfatizando su compromiso con la justicia.
La investigación se centra en contratos firmados con las empresas Progen Industries LLC (EE. UU.) y Austral Technical Management (ATM) para la instalación de plantas termoeléctricas de emergencia en Quevedo III (50 MW), Salitral (100 MW) y Esmeraldas III (91 MW). Según un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) del 22 de julio de 2025, estos contratos causaron un perjuicio económico de aproximadamente USD 140 millones al Estado, debido a irregularidades como la adquisición de equipos usados en lugar de nuevos, incompatibilidades con el sistema eléctrico ecuatoriano y falta de autorizaciones.
La Contraloría señaló que los generadores adquiridos no cumplían con las especificaciones técnicas exigidas, y algunos motores eran obsoletos o descontinuados. Mauricio Torres, contralor general, indicó que se identificaron responsabilidades administrativas, civiles y posibles indicios penales, lo que derivó en la desvinculación de varios funcionarios de CELEC.
Luque, quien también enfrentó una denuncia por supuesto tráfico de influencias presentada por Marlon Pasquel Espín el 18 de julio de 2024, defendió la transparencia de su gestión. En una rueda de prensa el 19 de julio de 2024, anunció que solicitaría un examen especial a la Contraloría para revisar el proceso de contratación de una barcaza eléctrica con la empresa turca Karpowership, también cuestionada por irregularidades en otros países. “El viejo Ecuador no concibe contratos de emergencia sin corrupción. Nosotros buscamos menor plazo y menor costo”, afirmó.
La emergencia eléctrica, declarada por el presidente Daniel Noboa en abril de 2024, permitió contrataciones directas para enfrentar el déficit energético causado por el estiaje y problemas en hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair. Sin embargo, las decisiones tomadas bajo esta declaratoria, incluyendo los contratos con Progen y ATM, están ahora bajo escrutinio. La ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó el 22 de julio de 2025 que los generadores de Progen serán operativos tras un arbitraje internacional ganado por el Estado, aunque no se precisaron fechas.
La investigación a Roberto Luque pone en el centro del debate la gestión de los recursos públicos durante la crisis energética de 2024. Mientras el ministro se compromete a colaborar, la ciudadanía espera que el proceso esclarezca las responsabilidades y garantice transparencia en un sector clave para el desarrollo del país. El desenlace de este caso podría influir en la confianza hacia el Gobierno de Noboa.
Soy el primero en informarle a la ciudadanía la apertura de una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) relacionada con los procesos de contratación de CELEC realizados durante la emergencia eléctrica. Reconozco y valoro la importancia de contar con
