Medida impulsada por Ley de Integridad Pública generará reestructuración y nuevas oportunidades laborales
El Gobierno de Ecuador, a través de su vocera, Carolina Jaramillo, anunció este jueves 24 de julio de 2025 la próxima desvinculación de 5.000 funcionarios públicos como parte de una estrategia de «eficiencia» en la administración estatal. Esta decisión se ampara en la reciente normativa emitida por el Ministerio del Trabajo para la supresión de puestos en la función pública, una medida que afectará incluso a quienes poseen nombramiento permanente.
Jaramillo detalló que las desvinculaciones se concentrarán en el Ejecutivo, personal administrativo y el IESS. Sin embargo, enfatizó que categorías esenciales como médicos, enfermeros, policías, militares, personal docente y grupos vulnerables no serán afectados por esta medida.
Pronunciamiento Presidencial y Justificación de la Medida
Dos horas después del anuncio de la vocera, el presidente Daniel Noboa utilizó sus redes sociales para defender la decisión. «Aquí estamos para trabajar con gente comprometida por su país, con cambiar realmente al Ecuador. El que no, fuera. Buscaremos perfiles y daremos oportunidades a los que nunca han tenido», sentenció el mandatario, reafirmando la postura de su administración.
Jaramillo argumentó que estas desvinculaciones se deben a la presencia de «malos funcionarios públicos» que, según el Gobierno, «impedían el correcto funcionamiento de la entidad en la que trabajaban». Aseguró que todos los servidores desvinculados recibirán las indemnizaciones que les corresponden por ley, y aclaró que una reducción en el número de empleados públicos no implica necesariamente una deficiencia en el sector.
Adicionalmente, la vocera adelantó que, si bien se reducirá la planta actual, en los próximos meses se abrirán nuevas vacantes para jóvenes, aunque no en la misma cantidad de los 5.000 puestos suprimidos, para mantener el principio de eficiencia.
Fusión de Ministerios y Posibles Movilizaciones
Estas desvinculaciones masivas se dan en el marco de la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública, que reformó 19 cuerpos normativos y que, según el Gobierno, es la base legal para estas acciones.
A la par de estos anuncios, Carolina Jaramillo también informó sobre la fusión de varios ministerios, que pasarán de 20 a 14. Esta reestructuración inevitablemente conllevará más desvinculaciones, aunque aún no se ha precisado una cifra.
La implementación de la Ley de Integridad Pública y las consecuentes desvinculaciones ya han generado una fuerte reacción en gremios de trabajadores y otros sectores sociales, quienes han anunciado movilizaciones y protestas en contra de la normativa. Cabe recordar que esta Ley enfrenta demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, cuyo dictamen aún no tiene fecha.
