El Gobierno Nacional, bajo la administración de Daniel Noboa Azín, ha dispuesto que todas las entidades y empresas públicas del Estado, en coordinación con los transportistas, realicen mesas técnicas para actualizar las tarifas del transporte público. La medida busca establecer un equilibrio económico para ambas partes, especialmente a raíz de la reciente eliminación del subsidio al diésel.
Según el comunicado oficial de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, esta acción se enmarca en la intención del Estado de liderar la protección de los sectores que se ven más afectados por la eliminación del subsidio. El Gobierno califica al sector del transporte como fundamental para el progreso del país y busca fortalecer el trabajo conjunto con sus representantes.
El Gobierno Nacional dispuso este 19 de septiembre de 2025, mediante un comunicado de la Secretaría General de Comunicación, la conformación de mesas técnicas en todas sus entidades y empresas públicas para «equilibrar las tarifas del transporte», en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel. La medida, que busca actualizar valores vigentes y garantizar un «equilibrio económico para ambas partes», involucra a transportistas y autoridades locales, priorizando la protección de los sectores más vulnerables bajo el liderazgo del Estado.
El anuncio genera controversia al contradecir declaraciones previas del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien semanas atrás aseguró que la quita del subsidio no impactaría el costo del pasaje público. En ese momento, el Ejecutivo dejó la decisión en manos de los municipios, lo que llevó a alcaldes como Pabel Muñoz de Quito y Aquiles Álvarez de Guayaquil a confirmar públicamente que las tarifas se mantendrían estables. Ahora, el comunicado enfatiza un «trabajo conjunto» para fortalecer el progreso del Ecuador durante la administración de Daniel Noboa, argumentando que el ajuste es necesario para sostener el servicio sin sobrecargar a los usuarios.
La eliminación del subsidio al diésel, decretada el 12 de septiembre, elevó el precio del combustible a USD 2.80, generando presiones en el sector transporte, que representa el 15% de los costos operativos en rutas urbanas (dato de referencia: Asociación de Transporte Público). Las mesas técnicas, que se instalarán en las próximas semanas, evaluarán incrementos moderados para evitar colapsos financieros, aunque no se detallaron plazos ni rangos de ajuste. Esta iniciativa se enmarca en la agenda económica del Gobierno para sincerar subsidios y focalizar recursos, en un contexto de inflación del 3.8% interanual (dato de referencia: Banco Central del Ecuador).
La oposición social, incluyendo sindicatos de transportistas, critica la medida como un retroceso para los usuarios de bajos ingresos, mientras alcaldes municipales insisten en absorber posibles alzas sin afectar el bolsillo ciudadano. El desarrollo de estas mesas será clave para evitar protestas adicionales, similares a las registradas en Carchi y Pichincha tras el decreto.
