El conflicto social generado por la eliminación del subsidio al diésel entró este lunes 13 de octubre en su cuarta semana, con un Gobierno que anunció una estrategia frontal para la reapertura de las vías bloqueadas, principalmente en la Sierra norte. El foco de la jornada fue la provincia de Imbabura, a donde llegó un convoy militar y humanitario tras un trayecto de seis horas y media desde Quito.
La caravana, escoltada por la fuerza pública y encabezada por la vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg, transportó víveres, gas doméstico y medicinas ante la crisis de desabastecimiento que afecta a la provincia, especialmente en cantones como Otavalo.
Llegada con Enfrentamientos y el Anuncio de Reimberg
El recorrido del convoy, que utilizó una ruta alterna (Olmedo – Zuleta – La Esperanza – Ibarra), se desarrolló con tensión. Cerca de las 17:00, se registraron enfrentamientos en el sector La Esperanza, una parroquia rural de Ibarra.
Los manifestantes respondieron a la caravana lanzando piedras y fuego, mientras que los uniformados utilizaron gas lacrimógeno para dispersar la protesta y retomar el control de puntos críticos como el puente de Rumipamba. El Ministro del Interior, quien afirmó en el sitio que «Nadie nos detiene», destacó el recibimiento del convoy en Ibarra con banderas blancas, señalando que «Ecuador quiere paz».
Una vez en Ibarra, en la sede del ECU-911, el Ministro Reimberg detalló la nueva estrategia gubernamental:
«Una vez que hemos llegado con la ayuda humanitaria, las fuerzas se van a dedicar a abrir las vías, a aperturar todas las vías que están cerradas… esto nos va a tomar dos, tres días, quizás un poco más. Esto se acaba ya.»
El funcionario reiteró que la misión de la fuerza pública es lograr la apertura total de los ejes viales bloqueados por 22 días de protestas. La Vicepresidenta Pinto precisó que la Panamericana E35, principalmente en el tramo El Cajas y Otavalo, es el punto más crítico con 36 km de bloqueos.
Balance de Pérdidas y Contexto en Quito
La vicepresidenta María José Pinto calculó que las pérdidas económicas causadas por el paro nacional ascienden a cerca de USD 42 millones, con Imbabura siendo la provincia más golpeada; incluso reportando una ocupación hotelera del 0% durante el feriado del 9 de octubre.
Mientras tanto, en Quito, la capital amaneció nuevamente blindada con un fuerte cerco policial y militar. La fuerza pública cerró los accesos al Palacio de Carondelet y la Asamblea Nacional para evitar el ingreso de manifestantes. La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, aseguró que «Quito está en paz y así se va a mantener», defendiendo la actuación de la fuerza pública ante cuestionamientos sobre la «represión» de la jornada anterior.
En un contexto paralelo, gremios como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunciaron una nueva jornada de movilización nacional para el miércoles 15 de octubre.
