Un grave caso de presunto abuso y exceso de fuerza sacude a la institución policial en la capital. Seis servidores policiales en servicio activo, entre los cuales se encuentra un oficial de rango, enfrentan formalmente una instrucción fiscal por el supuesto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Los hechos investigados se registraron en el norte de Quito y fueron puestos en conocimiento público por la Fiscalía General del Estado.
Durante el desarrollo de la audiencia de formulación de cargos, la jueza penal a cargo de la causa dictó medidas cautelares en contra de los uniformados procesados. Las disposiciones judiciales incluyen la prohibición estricta de salida del país y la obligación de realizar presentaciones periódicas ante la autoridad competente. Adicionalmente, con el objetivo primordial de resguardar la integridad y seguridad de las víctimas afectadas, la magistrada ordenó la emisión y entrega de una boleta de auxilio a su favor, según los datos emitidos por el Ministerio Público con fecha del 21 de mayo de 2026.
Los policías procesados que fueron identificados directamente por los denunciantes en calidad de autores directos de las agresiones son los sargentos segundos Carlos Marcelo G. A., Sergio David I. P. y Mario Iván R. V., junto a los cabos segundos Anderson Alexis B. S. y Ricardo Alonso C. A. Por otra parte, el subteniente de policía Jairo Israel F. M., quien se desempeñaba formalmente como el jefe del operativo, enfrenta los cargos penales en calidad de autor omisivo. A este oficial se le adjudica legalmente la posición de garante, al haber tenido la obligación directa e ineludible de supervisar y garantizar el correcto desarrollo del procedimiento policial.
Crónica del ataque: Toletazos y agresiones con gas pimienta
De acuerdo con las constancias que reposan en el expediente de la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 8 de diciembre de 2023. En ese momento, un grupo compuesto por 12 personas, entre las cuales constaban los miembros de una misma familia, habrían resultado agredidas físicamente por policías motorizados. El incidente tuvo lugar específicamente en el parqueadero de un establecimiento de comida rápida situado dentro de un centro comercial, en la intersección de las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, una zona de alta concurrencia en el norte de la capital ecuatoriana.
El fiscal asignado al caso detalló de forma cronológica que las víctimas civiles venían de participar en un recorrido a bordo de una tradicional “chiva” y se encontraban dirigiéndose hacia el sector para buscar un vehículo de taxi que los retornara a sus respectivos hogares. Fue en ese instante cuando el contingente de policías motorizados los abordó con el fin de exigirles que despejaran de inmediato la vía pública.
La situación se tornó violenta cuando, en el intento por retirar a las personas, uno de los uniformados presuntamente golpeó con la estructura de su motocicleta a una niña que formaba parte del grupo familiar. Este mal procedimiento policial desató de inmediato el reclamo verbal del padre de la menor y de los demás acompañantes que presenciaron el hecho. Como respuesta a las quejas, los ciudadanos habrían recibido de forma desproporcionada golpes de puño, patadas, toletazos e impactos directos de gas pimienta. El químico, según los testimonios recopilados, fue rociado de manera indiscriminada por los policías sin contemplación alguna, incluso ante la mirada y presencia cercana de dos niños pequeños.
Graves lesiones por una actuación calificada de excesiva
Como consecuencia de la golpiza propinada por los uniformados, las víctimas sufrieron múltiples lesiones físicas que posteriormente fueron ratificadas y cuantificadas a través de los correspondientes exámenes médico-legales. Uno de los afectados más graves presentó una incapacidad física para el trabajo estimada en un periodo de entre treinta y noventa días. De acuerdo con su historia clínica emitida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los golpes recibidos le provocaron un trauma facial severo, además de fracturas óseas en la falange y en el metacarpiano.
Otras de las personas civiles agredidas durante el incidente debieron ser trasladadas de urgencia en unidades de taxi hacia distintas casas de salud de la ciudad, donde recibieron atención médica prioritaria para tratar los traumatismos provocados por el impacto de los toletes y los golpes físicos.
En el marco de la audiencia de formulación de cargos, efectuada previamente el 12 de mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado argumentó firmemente que en este procedimiento se evidenció un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza pública. La entidad acusadora señaló que los policías inobservaron de forma flagrante los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y humanidad, los cuales se encuentran tipificados en la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.
A criterio técnico de la Fiscalía, la intervención de los servidores policiales resultó del todo excesiva y arbitraria, debido a que en ningún momento se advirtió la existencia de una amenaza real, resistencia violenta o agresión inminente por parte de los ciudadanos que justificara el nivel de violencia empleado. La instrucción fiscal abierta dentro de esta causa judicial tendrá una vigencia legal de noventa días para la recopilación de más elementos de convicción.
