Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe para el primer debate de la Ley de Solidaridad Nacional, propuesta por el presidente Daniel Noboa para enfrentar el crimen organizado mediante una alianza entre el Estado y la empresa privada.
La tarde del 27 de mayo de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional dio un paso clave al aprobar, con ocho votos a favor y dos abstenciones, el informe para el primer debate de la Ley de Solidaridad Nacional, conocida inicialmente como Ley de Economías Criminales. Este proyecto, impulsado por el presidente Daniel Noboa, busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado a través de medidas económicas y reformas penales que promuevan la colaboración entre el sector público y privado.
La presidenta de la comisión, Valentina Centeno, de Acción Democrática Nacional (ADN), destacó que el proyecto refleja un esfuerzo conjunto para equipar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente a las bandas criminales. Desde el 21 de mayo, la comisión recopiló aportes de ministros, juristas, empresarios y miembros de las fuerzas del orden, quienes compartieron experiencias sobre los desafíos de enfrentar al crimen organizado, muchas veces en condiciones de desventaja.
Una de las propuestas centrales permite a las empresas donar hasta un 30% de su Impuesto a la Renta en insumos como armas, vehículos tácticos, tecnología, drones o infraestructura para las fuerzas del orden. La comisión incluyó la posibilidad de donar bienes inmuebles, una adición al proyecto original, siempre que sean aprobados por los ministerios del Interior o Defensa y valorados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para determinar beneficios tributarios.
En el ámbito penal, el informe incorpora reformas significativas:
- Sanciones no solo por cometer delitos, sino también por pertenecer a bandas del crimen organizado, con penas que podrían superar los 25 años, incluso sin pruebas de delitos específicos.
- Reglas más estrictas contra disturbios y actos de terrorismo en protestas, donde se han identificado infiltrados financiados por grupos criminales.
- Los casos de delincuencia organizada serán manejados por jueces anticorrupción, descartando la creación de nuevos jueces especializados.
- Ampliación del plazo de investigación de 15 a 90 días, siguiendo recomendaciones de penalistas para garantizar procesos más robustos.
Centeno enfatizó que las fuerzas del orden han señalado la necesidad urgente de modernización, incluyendo armamento, tecnología y mejores instalaciones, como Unidades de Policía Comunitaria (UPC).
La aprobación del informe marca un avance en la estrategia de Noboa para combatir el crimen organizado, inspirada en modelos como el de Nayib Bukele en El Salvador. Sin embargo, las reformas penales han generado controversia por su dureza, lo que anticipa un intenso debate en el pleno de la Asamblea. El proyecto busca no solo fortalecer la seguridad, sino también fomentar la solidaridad nacional frente a un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana.
