La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció el 18 de septiembre de 2025 un paro nacional «inmediato e indefinido» tras una asamblea extraordinaria en Riobamba, Chimborazo, en rechazo al Decreto Ejecutivo 126 que elimina el subsidio al diésel. La decisión, respaldada por organizaciones sociales, responde al impacto económico de la medida, que elevó el precio del diésel a USD 2.80 y encarece transporte, alimentos y la vida cotidiana. La Conaie también cuestionó la crisis nacional, exigiendo la derogatoria del decreto, la reducción del IVA del 15% al 12%, y el cese de proyectos mineros y petroleros, además de rechazar la consulta popular y la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Daniel Noboa.
Entre las resoluciones de la asamblea, la Conaie ratificó la unidad de pueblos indígenas y aliados para enfrentar el ajuste económico, declaró un «estado de excepción comunitaria» que prohíbe el ingreso de la fuerza pública a territorios indígenas y activó guardias comunitarias. También denunció la criminalización de la protesta, acogéndose al derecho a la resistencia, y pidió la revocatoria de licencias ambientales en proyectos como Kimsacocha y Palo Quemado. Estas demandas se enmarcan en un contexto de aumento de la pobreza al 28% y homicidios duplicados en los últimos 18 meses (dato de referencia: INEC).
En respuesta, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura aseguró que las clases en las instituciones educativas del país se desarrollan con normalidad, bajo monitoreo permanente para garantizar la seguridad. La cartera señaló que, ante cualquier eventualidad derivada del paro, activará planes de contingencia que contemplan clases no presenciales, aunque no detalló fechas ni modalidades específicas. El anuncio busca mantener la continuidad educativa, crucial para el 70% de estudiantes que dependen de escuelas públicas (dato de referencia: Ministerio de Educación).
El paro, que recuerda movilizaciones de 2019 y 2022 lideradas por la Conaie, podría generar bloqueos de vías y tensiones sociales, especialmente en provincias como Chimborazo, Carchi y Pichincha, donde ya se registraron protestas tras el fin del subsidio al diésel.
