El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumple su quinto día este 26 de septiembre de 2025, con bloqueos viales persistentes en la Sierra norte y manifestaciones focalizadas en ciudades como Ibarra y Cuenca. Las protestas, que exigen la derogatoria del Decreto 126 por la eliminación del subsidio al diésel elevando su precio a USD 2.80, se extienden a demandas contra el Gobierno de Daniel Noboa, incluyendo la reducción del IVA del 15% al 12%, el fin de leyes «antipopulares» y la oposición a la consulta popular del 16 de noviembre.
Según un corte del ECU 911 a las 14:00, nueve vías principales permanecen cerradas en tres provincias: Carchi, Imbabura y Pichincha. En Carchi, los bloqueos con palos, piedras y camiones afectan Mira-Estación Carchi y Piquichu-Tumbaco. Imbabura reporta cierres en el eje vial E35 (Otavalo-Cotacachi-Cayambe), incluyendo sectores como Ilumán y Peguche. En Pichincha, las vías Cusubamba-Cayambe (peaje de Cangahua) y Tabacundo-Cajas siguen intransitables. A las 06:30, se sumaron cierres en Manabí (Jipijapa-Paján-La Cadena, habilitada después) y Zamora Chinchipe (El Pangui-Tundayme), mientras la vía Cuenca-Loja se liberó tras un bloqueo en Zhiña.
El Gobierno reporta cerca de 60 detenidos en cuatro días de protestas, con 17 investigados por presunto terrorismo, incluyendo 13 procesados la noche del 23 de septiembre en Otavalo. La Fiscalía no abordó la hipótesis de vínculos con el Tren de Aragua para dos extranjeros detenidos. La Conaie y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunciaron el traslado de 12 indígenas kichwas de Otavalo a cárceles de Esmeraldas y Portoviejo, alegando vulneraciones de derechos. En Quito, policías que intervinieron en manifestaciones serán investigados por supuestos excesos.
Las protestas, que comenzaron el 22 de septiembre, han generado pérdidas millonarias en Imbabura por bloqueos, según reportes de negocios locales. La Conaie mantiene su llamado a la unidad indígena y aliada, rechazando la criminalización de la resistencia. En un país con pobreza al 28% y 4,619 homicidios en el primer semestre (dato de referencia: INEC y Policía Nacional), el paro resalta la brecha entre políticas económicas y necesidades sociales, con el Gobierno activando contingencias para servicios esenciales.






