Gremios estudiantiles de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y diversas organizaciones sociales, ecologistas y artísticas anunciaron este lunes 29 de septiembre de 2025 una movilización para el martes 30, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras políticas del Gobierno de Daniel Noboa. La concentración iniciará a las 16:00 en la Plaza Indoamérica, en el centro-norte de Quito, y se enmarca en el paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con epicentro en Imbabura, donde las protestas han derivado en enfrentamientos, bloqueos viales y un saldo de 90 detenidos a nivel nacional.
El Ministerio del Interior confirmó que las manifestaciones, que comenzaron el 22 de septiembre, han dejado 90 aprehendidos, con 17 investigados por presunto terrorismo. En Cotacachi, Imbabura, la muerte de Efraín Fuerez, comunero de Inguinzala, generó indignación: organizaciones indígenas responsabilizan al Estado por un impacto de bala durante choques, y la Fiscalía abrió una investigación de oficio por uso ilegítimo de la fuerza. Además, 12 militares resultaron heridos y 17 fueron retenidos en una emboscada en Cotacachi mientras custodiaban un convoy de alimentos, calificado como «terrorista» por las Fuerzas Armadas. Otro incidente involucró un convoy humanitario liderado por Noboa en Otavalo, interceptado con bombas molotov y barricadas, aunque se entregaron suministros pese a daños materiales.
La embajadora de la Unión Europea, Yekaterina Doródnova, y el embajador de Italia, Giovanni Davoli, condenaron la violencia y llamaron a protestas pacíficas. La Conaie, que mantiene «zonas de paz» en sus territorios con guardias comunitarias, exige la liberación de detenidos y rechaza la criminalización de la resistencia. El Gobierno advierte contra «terrorismo disfrazado de protesta» y promete operativos de seguridad, en un contexto de pobreza al 28% y alza en costos de vida (dato de referencia: INEC).
La marcha quiteña se suma a un paro que ha paralizado vías en la Sierra norte, con pérdidas millonarias en Imbabura. Organizaciones recalcan que su lucha es por derechos económicos y territoriales, mientras el Ejecutivo activa contingencias para minimizar impactos.
