Un Tribunal de Justicia de Quito revocó este viernes, 24 de octubre de 2025, la orden de prisión preventiva que pesaba sobre casi la totalidad de los 12 detenidos, en su mayoría miembros de comunidades indígenas, capturados en Otavalo (Imbabura) tras un incidente en un cuartel policial durante el reciente paro de la CONAIE. La decisión se tomó luego de un diálogo intercultural y representa un hito legal al reconocer la violación de derechos colectivos.
La resolución judicial fue emitida por el Tribunal Segundo de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, tras una audiencia de apelación celebrada el 21 de octubre en el Complejo Judicial Norte de Quito.
La organización no gubernamental Inredh precisó que se dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva para 11 de las 12 personas detenidas. El grupo incluye a dos personas con discapacidad y un migrante venezolano.
Violación de Derechos Colectivos
Según confirmó el académico Aquiles Hervas, quien facilitó el diálogo intercultural en el proceso, la Sala de segunda instancia aceptó los recursos de apelación y declaró que la jueza de primera instancia «ha violado derechos colectivos».
Las medidas sustitutivas impuestas implican que los detenidos no podrán salir del país y deberán presentarse una vez al mes ante la Fiscalía de Imbabura, mientras dure la instrucción fiscal por el presunto delito de terrorismo.
El Diálogo como Clave
La decisión se fundamentó en parte en el diálogo intercultural sostenido ante el Tribunal, integrado por los jueces Anabel Tapia, Esteban Coronel y Fernando Sánchez. Este mecanismo permitió conocer a fondo las condiciones sociales, económicas y culturales de los detenidos, quienes comparecieron acompañados por dirigentes de nueve comunidades indígenas de Otavalo.
La resolución llega apenas dos días después de que la CONAIE anunciara el cese de un paro de 31 días que se concentró principalmente en la Sierra Norte del país.
El fallo judicial no solo significa la liberación de los 11 ciudadanos de las comunidades de Otavalo, sino que también sienta un precedente sobre la necesidad de aplicar la justicia con pertinencia cultural y el respeto a los derechos colectivos en el contexto de la protesta social.
