La audiencia de juicio por la presunta desaparición forzada y posterior hallazgo de los restos calcinados de cuatro menores de edad en el denominado Caso Malvinas entró en su fase final. Este martes, el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil clausuró la etapa probatoria tras escuchar los últimos testimonios clave, incluido el del subteniente señalado como principal responsable de la patrulla militar.
El proceso judicial, que inició el 5 de noviembre y sienta en el banquillo a 17 militares, ha revelado profundas contradicciones entre los procesados sobre los hechos ocurridos la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, fueron interceptados en el sur de la ciudad.
La jornada estuvo marcada por la declaración del subteniente John Henry Z. E., comandante de la patrulla ‘Tango Charlie’, quien es señalado por cinco de sus subalternos –acogidos a colaboración con Fiscalía– de ordenar desnudamientos, agresiones físicas (incluyendo correazos y pisotones), y hasta de efectuar un disparo cerca del menor de los niños.
El subteniente negó categóricamente estas acusaciones, calificando las declaraciones de sus compañeros de «narrativas infundadas» y parte de una estrategia para conseguir supuestas reducciones de pena de hasta el $90\%$. El oficial insistió en que él y su patrulla no causaron la desaparición o muerte de los menores, sugiriendo que «grupos de delincuencia organizada» podrían ser los verdaderos perpetradores.
En su defensa, el oficial argumentó que la operación no estaba planificada, que él no tenía entrenamiento para delitos flagrantes y que accedió a liberar a los jóvenes –golpeados y desnudos, según testimonios previos– a las afueras de Taura por «criterio de oficial a cargo», aduciendo que la falta de señal le impidió reportar la detención al ECU 911.
Otro testimonio crucial fue el del teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado como presunto cómplice por supuesta alteración de evidencia. El oficial relató sus actuaciones posteriores a la desaparición, justificando el retiro de cenizas, restos de una hoguera y prendas quemadas halladas en la escena del «árbol caído» en Taura. Sostuvo que actuó en tareas técnicas de verificación sin intención de encubrir y que, al momento de recoger los indicios, aún no se había oficializado una investigación.
Dato de referencia: Los restos calcinados de los cuatro niños fueron hallados el 24 de diciembre de 2024 en un manglar remoto del estero El Chabelo, en Taura (Naranjal), semanas después de la detención.
Por su parte, el mayor de Policía Edwin Sánchez (Dinased) expuso un informe que vincula el asesinato de los menores a la hegemonía criminal de Los Águilas en la zona. El informe identificó a presuntos autores materiales y señaló al líder de la banda, alias «Momo» (Alvarado Aguirre Brayan Vicente) –quien había recibido un indulto– como el supuesto ordenador del crimen, lo que añade una capa de complejidad al contexto de la desaparición forzada.
Tras escuchar al último procesado, el juez ponente Jovanny Suárez Chávez anunció el cierre formal de la etapa de prueba.
La audiencia no avanzará inmediatamente a la fase de alegatos finales debido a compromisos previos del tribunal. La fecha tentativa para escuchar las conclusiones de la Fiscalía, la defensa y los abogados de las víctimas ha sido fijada entre el sábado 6 o lunes 8 de diciembre de 2025. La notificación oficial se espera hasta el miércoles 3 de diciembre.
