La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA) se encuentra en el centro de una controversia legal y política. Tras las declaraciones del gerente Tony Coronel, quien defendió la creación de un fideicomiso mercantil como una herramienta de gestión de pagos y atracción de inversiones, la asambleísta Patricia Núñez y la activista Mireya Lara presentaron una denuncia pública que alerta sobre una posible privatización de los activos de la provincia de Chimborazo.
El costo del fideicomiso y la deuda estatal
Según la legisladora Núñez, el Estado central mantiene una deuda pendiente con la EERSA que asciende a $19 millones. No obstante, en lugar de liquidar estos valores, la propuesta gubernamental es implementar un fideicomiso que tendría un costo operativo de $450,000 anuales. Estos fondos, que originalmente deberían destinarse a la expansión del alumbrado público y mejoras en zonas rurales, serían priorizados para el pago a generadores eléctricos privados.
Riesgo de pérdida de control accionario
La estructura de capital de la EERSA está actualmente distribuida en un 56% perteneciente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) de Chimborazo y un 44.18% al Ministerio de Energía. La denuncia señala que existe una orden gubernamental para «capitalizar» fondos, una maniobra contable que permitiría al Ministerio incrementar su participación accionaria hasta obtener el control mayoritario.
Dato de referencia: Una vez que el Estado central posea la mayoría de acciones, la legislación permitiría la venta de estas a consorcios privados, desplazando el control local sobre el recurso energético.
Presuntas Irregularidades en el proceso de contratación
Por su parte, Mireya Lara reveló que el proceso en el portal de Compras Públicas presentaría anomalías cronológicas. Documentación oficial indicaría que los términos de referencia fueron cargados el 3 de diciembre, antes de la junta oficial de accionistas. Además, se advierte que el contrato no establece una fecha de finalización, lo que la sociedad civil califica como una concesión «a perpetuidad».
Acciones legales y resistencia social
Ante lo que consideran una vulneración a la Constitución —que define a la electricidad como un sector estratégico—, se ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad. Núñez enfatizó que los antecedentes de contratos estatales, como el caso Austral y las barcazas, generan desconfianza sobre el manejo de los recursos de la provincia. Organizaciones sociales han anunciado que van a presionar para exigir que se proteja el patrimonio que registra un 93% de eficiencia operativa.
